Carlos García/Guanajuato, Gto.- “No se está criminalizando, se está investigando” una denuncia por daños al patrimonio artístico e histórico de la Universidad de Guanajuato (UG), afirmó el fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, sobre la querella contra siete universitarios que participaron en la toma de la Rectoría en 2023.
“Se denunciaron los daños que eran evidentes en varios recintos y se inició la carpeta correspondiente”, declaró.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto es la que investiga la denuncia porque es la que está en la ciudad de Guanajuato, justificó el fiscal.
La Universidad de Guanajuato informó que tiene la obligación legal de dar vista a las autoridades sobre los daños que sufrió su patrimonio para que se deslinden responsabilidades.
“Expresamos de manera categórica que estas acciones de ninguna manera están motivadas por un ánimo represivo, sino por el cumplimiento de un deber legal de la Institución que no debe soslayarse en consideración a la misión universitaria de contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y democrática”, justificó la máxima casa de estudios.
Del 11 de septiembre al tres de octubre del 2023, unos 100 estudiantes tomaron la Rectoría para exigir transparencia en el proceso de designación del nuevo rector.
Cuando fueron liberadas las instalaciones, la nueva rectora Claudia Susana Gómez López firmó un acuerdo donde se comprometió a que no habría represalias contra los estudiantes.
El 15 de febrero, el Poder Judicial notificó a siete universitarios que habrá una audiencia el 30 de abril porque están imputados por el delito de daños.
De los 100 universitarios que participaron en la toma de la Rectoría solo están imputando a Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada.
En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentaron dos puntos de acuerdo para exhortar a la rectora de la UG a que deje de criminalizar a sus universitarios.
Ante el pleno del Congreso, los estudiantes investigados realizaron una protesta por las acciones legales en su contra.
“Todo acto de corte autoritario siempre tratará de justificarse con una aparente devoción por la legalidad”, manifestaron con un megáfono.
El estado de derecho que pregona la UG no reconoce la libertad de expresión porque censura y pretende encarcelar a quienes piensan distinto, exclamaron.
“Sin duda alguna se trata de una venganza y represalia política por las manifestaciones del proceso de la renovación de rectoría”, acusó en tribuna, la diputada de Morena, Irma Leticia González Sánchez.