Carlos García/Guanajuato, Gto.- Es “delicado” que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto sea quien investigue la denuncia por daños a edificios artísticos e históricos que puso la Universidad de Guanajuato (UG) para “criminalizar” a siete estudiantes, consideró el abogado y activista, Roberto Saucedo Pimentel.
“Sí me parece delicado que la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto esté tomando este asunto, porque no estamos en presencia de un delito de esta naturaleza”, alertó el abogado.
Explicó que las fiscalías especializadas de la FGE fueron creadas para atender problemas específicos de una gravedad superior a los delitos ordinarios.
“Lo acontecido en la Universidad de Guanajuato se trató de daños menores e incluso ya fueron corregidos usando únicamente pintura, agua y jabón”, refirió Saucedo Pimentel.
Lamentó que la máxima casa de estudios del estado criminalice a siete estudiantes -de los 100 que participaron aproximadamente- en la toma de la Rectoría para protestar por el proceso de designación del nuevo rector.
“Ojalá la universidad haya medido muy bien las consecuencias de sus acciones, tratar de criminalizar estudiantes que ejercían un legítimo derecho de protesta, no es una medida equilibrada para atender estos legítimos reclamos”, consideró Roberto Saucedo.
Al medio día del sábado, los universitarios denunciados penalmente realizaron una manifestación en las escalinatas del edificio central de la universidad.
Del 11 de septiembre al tres de octubre del 2023, decenas de estudiantes tomaron las oficinas de la Rectoría para exigir transparencia en el proceso de designación del nuevo rector.
Luis Felipe Guerrero Agripino terminaba su segundo periodo al frente de la UG y la Junta de Gobierno designó a Claudia Susana Gómez López como la nueva rectora.
Los estudiantes liberaron la Rectoría cuando Claudia Gómez firmó un acuerdo donde se comprometía dejar las pintas como un “memorial” de las demandas estudiantiles y a no emprender represalias jurídicas, académicas, económicas, administrativas, ni políticas.
El 15 de febrero, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato envió a citatorios a los domicilios de siete universitarios donde les informa que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, José Antonio Gavia Freire, solicitó “se señale fecha y hora, a efecto de que tenga verificativa audiencia inicial, derivado de la carpeta de investigación 130424/2023”.
La Fiscalía de Delitos de Alto Impacto acusa a Valeria López Olmos, Armando Herrera Navarrete, Ignacio Morales Castillo, Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada del delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, tipificado “en el artículo 210 primer párrafo, en relación con el 211, 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto del Código Penal”.
El artículo 210 del Código Penal establece que “a quien cause daño a cosa ajena o propia en perjuicio de tercero, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de diez a cincuenta días multa”. El artículo 211 marca que la pena aumenta a siete años cuando los daños sean a museos, archivos o edificios públicos o a bienes que tengan valor artístico o histórico.
De acuerdo a la acusación del ministerio público, José Antonio Gavia, los universitarios incurrieron en el supuesto del primer párrafo del artículo 20 que refiere que es autor de un delito quien “es partícipe quien sea instigador o cómplice”.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) “la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto tiene a su cargo la investigación de las conductas delictivas que por su naturaleza, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.
Los delitos de alto impacto son los homicidios, feminicidios, extorsión, lesiones dolosas, robo a bancos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista, robo de vehículo, robo de ganado, secuestro y violación.
La UG en complicidad con la FGE y el Poder Judicial “criminaliza”, “intimida”, “violenta” y “amenaza” a una parte de los estudiantes que tomaron la Rectoría, denunciaron Alonso Díaz Herrera, Rodrigo Rivera Beltrán, Desiree Vázquez Pellón y Frida Trejo Estrada, cuatro de los siete universitarios denunciados penalmente.
“Ahora la universidad pretende que toda la comunidad estudiantil escarmiente a través de siete personas. Es claramente una persecución política, el único soporte que tenemos somos nosotros siete, esperamos que la sociedad se pueda sensibilizar ante esta situación”, recriminó Frida Trejo.