Carlos García/l, León, Gto.- El gobierno de León analiza la recién aprobada Ley para la Diversidad Sexual para crear la unidad administrativa que atenderá a integrantes de la comunidad LGBTI, para asignarle presupuesto y para determinar cuántos funcionarios necesitará para su operación, anunció la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos.
“Vamos a cumplir la ley, en los tiempos que marcan los transitorios, ojalá también nos mandaran presupuesto porque nos hacen crear un chorro de unidades y no nos manden presupuesto”, exhortó.
El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, inició con el análisis para cumplir con las obligaciones que marca la Ley para la Diversidad Sexual.
¿Qué opina de la nueva ley?
-Creo que todos los grupos vulnerables tienen que ser atendidos porque todos son vulnerables, no puedes dejar unos adentro y otros a fuera.
El gobierno no puede trabajar solo en atender a un grupo vulnerable porque discriminaría al resto, consideró.
“Pareciera que solo se quiere trabajar por unos o por otros, aquí, adultos mayores, mujeres, discapacitados, enfermos, absolutamente todos, indígenas, todos tienen que ser atendidos”, argumentó.
La Ley
El 15 de febrero, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la creación de la Ley de para la Diversidad Sexual que obliga al estado y a los 46 municipios a crear una unidad que atienda a la comunidad LGBTI.
El Poder Ejecutivo tiene que aprobar el Programa Estatal para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género.
El programa tendrá como mínimo el “señalamiento de los principales problemas y tendencias; así como la descripción de las oportunidades y obstáculos para el desarrollo de las personas de la diversidad sexual”, señala el artículo 24.
La Secretaría de Gobierno creará una Unidad de la Diversidad Sexual que se encargue de la ejecución, promoción e impulso de las acciones a favor de la diversidad sexual, puntualiza el artículo 25.
La nueva norma obliga a los Ayuntamiento a crear una Unidad Administrativa que se encargue de la atención de la diversidad sexual.
La ley cuenta con 32 artículos y tres transitorios que señalan que el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos tendrán 90 días, a partir de la entrada en vigor, para adecuar sus instrumentos normativos.