Carlos García/León, Gto.- El abogado de ciudadanos que fueron defraudados por el despacho Punto Legal con ventas de casas en la ciudad de León, Juan José Hernández Torres, fue encontrado sin vida, con lesiones de bala y envuelto en cobijas.
El jueves cuatro de enero, Hernández Torres fue reportado como desaparecido y a las siete de mañana del viernes su cuerpo fue encontrado en un camino en las inmediaciones de la comunidad de San Juan de Otates.
El cadáver estaba atado de las manos, cubierto con cobijas, tenía lesiones de bala y por golpes.
El abogado defendía a defraudado por el despacho jurídico Punto Legal que vendía casas hasta en 350 mil pesos. Los abogados en contubernio con notarios defraudaron a unas 500 personas con unos 40 millones de pesos.
El mega fraude inmobiliario, motivó al Congreso del Estado de Guanajuato a reformar la Ley del Notariado para facilitar los procesos penales contra los notarios públicos o personas que usurpen funciones de notarios para cometer fraudes inmobiliarios.
Cabe mencionar que los defraudadores publicaban en Facebook supuestos remates bancarios de casas, a las víctimas les hacían creer que firmaban contratos de compra-venta o las escrituras, pero en realidad eran de prestación de servicios. Las casas tenían dueños o eran vendidas varias veces en complicidad con notarios.
Justicia.
La asociación de Abogados Independientes del Estado de Guanajuato condenó el asesinato de Juan José Hernández y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que arreste a los responsables del crimen.
“Condenamos enérgicamente el asesinato de otro más de nuestros colegas y pedimos a la autoridad garantías para desempeñar nuestra profesión”, exigieron.
Demandaron una investigación exhaustiva y eficaz para llevar ante un juez a los responsables del homicidio.
“Hacemos un llamado a la autoridad municipal y a la estatal para que atiendan la voz de la ciudadanía y cambien las estrategias de seguridad pública que por años han mantenido y que hasta el momento no han dado resultados”, exhortaron los abogados.
Solicitaron la remoción del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre; y del secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.
El gobierno de León y el estatal no deben “hacer oídos sordos” y reconocer que los asesinatos como el de Juan José Hernández “no son hechos aislados y que estamos viviendo una verdadera crisis de seguridad que está fuera de control”, remata el pronunciamiento.