Carlos García/Guanajuato, Gto.- En el estado de Guanajuato proliferan centros de rehabilitación de adicciones que operan al margen de la ley y con una deficiente supervisión gubernamental, algunos se han convertido en escenarios del asesinato de al menos 60 internos y de la privación de la libertad de 27 personas.
La Secretaría de Salud informó que tiene un registro de 311 centros de rehabilitación en el estado de Guanajuato, “de los cuales 290 cuentan con aviso de funcionamiento y de 21 no se cuenta con información de haber realizado el trámite”.
El artículo 200 bis de la Ley General de Salud señala que los establecimientos que no requieren de autorización sanitaria deben dar aviso de funcionamiento a las autoridades sanitarias de los estados.
La dependencia precisó que han suspendido temporalmente la actividad de 14 anexos en los municipios de Silao, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, León, Acámbaro, Cortazar, Tierra Blanca y San Felipe.
La regulación administrativa recae en los 46 Ayuntamientos del estado de Guanajuato, que son la autoridad que debe emitir los permisos de uso de suelo para la operación de los centros.
Es importante que las “autoridades administrativas” regulen y supervisen los centros de rehabilitación que operan al margen de la ley, incluso la Fiscalía ha intervenido varios anexos donde se han cometido delitos, señaló el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.
Algunos anexos fueron usados como “fachadas” por grupos criminales, como es el caso del centro de rehabilitación de Cuerámaro donde había 36 personas secuestradas, comentó el funcionario.
Recordó que en Irapuato aseguraron un anexo donde había droga.
Las instalaciones para la rehabilitación también han sido usadas para refugiar a integrantes de grupos criminales, situación que originaba ataques y asesinatos, reveló Zamarripa Aguirre.
Luego del multihomicidio de 27 personas en un anexo de Irapuato se realizó un censo de estos giros, donde participó la Fiscalía, para detectar a los que estaban legalmente constituidos y los que operaban irregularmente, recordó.
“Después del 2020 -de la masacre- hay una reducción de cualquier eventualidad dentro de los anexos, pero también tenemos personas lesionadas, que denunciaban otros ilícitos -¿sexuales?- por supuesto”, declaró.
Para prevenir crimines, los anexos deben estar bien supervisados porque “este tipo de lugares están muy propensos a estar fuera de la ley. Hay de decirlo”, puntualizó.
Carlos Zamarripa reconoció a los centros que operan dentro del marco legal porque operan de “manera muy optima” para rehabilitar a personas con alguna adicción.
¿El estado y los municipios deben tener el control de la operación los centros de rehabilitación?
-Las dos modalidades debe prevalecer, por un lado, la parte privada, regularizada, y por otra parte, las instituciones, si tenemos refugios para este efecto.
Para el fiscal no es necesario hacer reformas legales, solo se requiere la aplicación de las normas existentes porque si operan al margen de la ley son “focos rojos”.
Adicciones y delincuencia
Muchos delitos, como los homicidios, se cometen bajo los influjos de narcóticos como el cristal, reveló el fiscal General del Estado.
“Una de las drogas más utilizadas por los jóvenes, es la conocida como cristal y es sumamente adictiva, que además daña la salud impresionantemente, es un gran, gran, gran foco rojo, que debe ser atendido de manera multifactorial”, resaltó Carlos Zamarripa.
¿Qué tan fácil es que un adicto entre a grupos criminales?
-No tengo datos, tratamos de ser muy objetivos con lo que acopiamos de información.
Reconoció que son adictas al cristal un alto porcentaje de las personas que arrestan y que forman parte de grupos criminales.
“Es muy elevado, más del 90 por ciento”, acotó.
Aunque hay arrestos y criminales abatidos, la violencia no ha disminuido porque la federación no ha “estado combatiendo de manera estratégica” a la delincuencia organizada, consideró.
En el estado de Guanajuato se logró “disminuir” al Cártel Santa Rosa de Lima con el arresto de su líder José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, afirmó.
Masacres
Del año 2020 al 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) integró 12 carpetas de investigación por asesinatos cometidos con armas de fuego, en instalaciones de los llamados “anexos”.
A través de una solicitud de acceso a la información, se pidió a la Fiscalía el número de personas asesinadas en el interior de centros de rehabilitación, del año 2020 al 2023, pero no entregó la estadística.
La dependencia respondió informado que en el año 2020 integró dos carpetas de investigación en Irapuato; en 2021; una, en León; una, en Salamanca; una, en Celaya; y una, en Cortazar.
En 2022, tres carpetas en León, San Francisco del Rincón y en Irapuato; y en 2023, tres en el municipio de Celaya.
Los medios de comunicación han documentado masacres en centros de Irapuato, Celaya, Cortazar y Apaseo el Alto -este municipio no fue incluido en la información de la Fiscalía-.
En junio del año 2020, fueron asesinados 10 hombres en un anexo de la colonia 24 de Abril, de la ciudad de Irapuato.
Posteriormente, el primero de julio, fueron acribillados 27 internos del centro “Buscando el Camino a mi Recuperación”, ubicado en la comunidad de Arandas.
En enero del 2023, Jesús Emmanuel Quezada Martínez, “El Jordan”, fue sentenciado a 797 años de cárcel por este multihomicidio, el más grande cometido en el estado de Guanajuato.
Un grupo armado asesinó a tres hombres y lesionó a una mujer que estaban en el centro de rehabilitación “Jóvenes Sangre Renovada los Desterrados”, en el municipio de Celaya. El crimen se cometió en septiembre del 2020.
Cuatro personas fueron ejecutadas, en marzo del 2021, en un centro de rehabilitación instalado en la comunidad de La Purísima, en Apaseo el Alto.
Posteriormente, en septiembre del 2022, mataron a tres internos del anexo Nueva Ilusión, en el municipio de Cortazar.
En septiembre del 2023, fueron privados de la vida cuatro hombres recluidos en un centro de rehabilitación habilitado en una casa de la colonia Ciudadela, en la ciudad de Celaya.
El fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, precisó que existen homicidios con armas de fuego cometidos por internos involucrados en riñas.
A través de la Unidad de Transparencia, la FGE informó que existen nueve carpetas de investigación por homicidios cometidos por el personal de los anexos en agravió de internos de los municipios de Irapuato, Salamanca, León y Abasolo.
En marzo del 2023, José Baltazar y Jesús mataron a golpes a Miguel Valencia en el interior de un centro de rehabilitación del municipio de Abasolo.
Julio, un joven de 26 años de edad, fue asesinado a golpes por Juan Antonio y Rodolfo en un anexo de la colonia Ganadera, en la ciudad de Irapuato. El crimen fue cometido en junio del 2023.
Los centros de rehabilitación irregulares también son escenarios de privaciones de la libertad de internos y han sido usados como casas de seguridad para custodiar a personas secuestradas.
El cuatro de diciembre del 2018, 23 jóvenes fueron sacados del anexo “Dios es Nuestro Salvador, habilitado en la colonia San Juan de Retana, en Irapuato.
Posteriormente, en febrero de 2020, un grupo armado raptó a cuatro hombres de un centro instalado en la colonia Progresiva del Jaral, en Irapuato.
En junio del 2023, la Fiscalía informó que detuvo a nueve integrantes de un grupo criminal que tenían secuestradas a 36 personas, en un anexo del municipio de Cuerámaro. Las víctimas eran de las ciudades de León y Manuel Doblado.