Carlos García/San Miguel de Allende, Gto.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de San Miguel de Allende otorgue una compensación por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas causadas a Estefanía Monserrat García Sánchez y a tres jóvenes que fueron golpeados y arrestados por policías municipales.
La madrugada del seis de marzo del 2022, tres mujeres policías y un oficial golpearon, patearon, arrastraron del cabello y noquearon dos veces a Estefanía Monserrat García Sánchez, cuando salió del bar ”La Cucaracha”, acompañada de varios amigos.
Las policías Araceli Ramírez González, Karla Teresa Salazar Mireles, Andrea Giovana Vázquez Luna y José Francisco Morín Guarneros golpearon y detuvieron a Estefanía y a tres de sus amigos, violando su derecho humano a la integridad física, a la seguridad y a libertad personal, señala el expediente de recomendación emitido por el ombudsman, Vicente Esqueda Méndez.
La juez Yamilet Arias López, Jueza Cívica también violó los derechos humanos de las personas golpeadas y detenidas porque no les informó cuál fue el motivo del arresto, puntualiza el expediente 215/2022-D.
La funcionara omitió salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica de las personas detenidas, precisa el documento.
El titular de la Prodehg recomendó al secretario de Seguridad de San Miguel de Allende, Gabriel Arturo Yáñez Saldaña, otorgar una compensación, atención médica y psicosocial a las víctimas.
Además, debe iniciar una investigación, integrar la recomendación al expediente de los funcionarios involucrados e impartir una capacitación a la corporación.
“Una vez que se registre e integre el expediente respectivo ante el Registro Estatal de Víctimas, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, deberá determinar el monto de la compensación económica que corresponda, debiendo considerar especialmente, las lesiones y los gastos derivados de la atención médica que en su caso hubieran realizado, así como la devolución del pago correspondiente a las multas impuestas con motivo de la detención arbitraria, para lo cual la autoridad a quien se dirige la presente resolución de recomendación deberá cubrir o en su caso, reembolsar a las víctimas directas la totalidad de los gastos económicos que hayan sido erogados”, solicitó Vicente Esqueda al secretario de Seguridad.
El titular de la Prodheg recomendó iniciar una investigación contra la juez Cívica, Yamilet Arias López, para deslindar responsabilidades administrativas.
Como las policías Araceli Ramírez González, Karla Teresa Salazar Mireles, Andrea Giovana Vázquez Luna y José Francisco Morín Guarneros ya fueron destituidas de los cargos “no se les puede iniciar un nuevo procedimiento disciplinario”, marca la recomendación.