ENCUENTRO CON GOROSITO…
Una vez más y van…Ecuador se encuentra sumido en una crisis política de grandes dimensiones. Guillermo Lasso, presidente de la nación el miércoles pasado, despejó la posibilidad de su destitución y estrenó el mecanismo denominado “muerte cruzada” para realizar la disolución del Parlamento.
La “muerte cruzada” es una previsión de la Constitución que rige desde el 2008, y cuyo Artículo 148 dice que el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional en tres casos expresamente señalados, y por única vez en los tres primeros años de su mandato cuatrienal. Lasso comenzó su periodo el 24 de mayo del 2021.
Los casos son: 1º) Cuando a juicio del presidente la Asamblea “se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional”, y, en 2º “Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo”. La 3ª causal, “por grave crisis política y conmoción interna, esta es la que justamente ha invocado el presidente en su decreto que lleva el número 741.
Guillermo Lasso, gobernará un semestre por decreto y realizó un llamado a elecciones generales. El mandatario al dar a conocer las medidas que adoptó por redes sociales, televisión y radio, dijo:
“Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
Simultáneamente a que el presidente emitía el mensaje, efectivos del ejército rodearon la sede de la unicameral Asamblea Nacional Legislativa, desalojaron al personal y no permitieron el ingreso a los parlamentarios, que por decreto presidencial ya estaban cesados. Los medios de comunicación informaban de la tranquilidad en las calles en Quito, la capital ecuatoriana, mientras la alcaldía activó protocolos para mantener el orden y los servicios en la misma.
El miércoles por la mañana el presidente argumentó las razones de su proceder: “He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE), se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
Los mandos militares y policiales respaldaron el decreto presidencial y el general Nelson Proaño, quien funge como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, afirmó que la decisión de Lasso “debe ser respetada por todos los ciudadanos”. Externó que los uniformados “están seguros de que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia”, y qué en tal caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos”.
El Consejo Nacional Electoral dispone de siete días para convocar a nuevas elecciones, el presidente Lasso gobernará por decreto durante seis meses y dio a conocer su deseo de competir electoralmente por un nuevo mandato. Tengamos presente que Lasso de 67 años, conservador en política y partidario del liberalismo en materia económica, se encontraba acorralado por un juicio político que se desarrollaba en la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, el que podría haber decretado su destitución.
Según la oposición el presidente incurrió en peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades y no actuar para evitar mayores prejuicios al Estado, en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada de transporte petrolero Amazonas Tanker. La defensa del presidente argumenta que dichos contratos se firmaron durante el gobierno anterior de Lenin Moreno (2017-2021), y que bajo el mandato actual se pidió una revisión al Tribunal de Cuentas para renovarlos con las condiciones y observaciones hechas por ese organismo contralor.
Lasso acudió a la Asamblea y proclamó su “total, evidente e incuestionable” inocencia. Días antes ya había anunciado qué si el proceso en su contra continuaba, aplicaría el mecanismo de la “muerte cruzada”. El juicio político avanzaba en un momento de debilidad política de Lasso, con escaso apoyo en el Parlamento en un contexto de auge de violencia ligada al narcotráfico y descontento popular por el tema económico, el aumento del costo de vida.
Recordemos que Lasso, el pasado 5 de febrero perdió un referendo para aplicar reformas a la Constitución; mientras que en las elecciones locales avanzó su archirrival el expresidente Rafael Correa (2007- 2017), que se encuentra exiliado en Bélgica, quien externó ante esta situación que vive Ecuador, “que lo que hace Lasso es ilegal. Obviamente no hay ninguna “conmoción interna”. En todo caso es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”.
Lasso al estrenar “muerte cruzada”, se asegura una salida del gobierno no sólo distinta sino a su entender digna, al verse muy posible su destitución por el Parlamento; además podrá presentarse a elecciones para un nuevo mandato.
¡Hasta el próximo encuentro…!
Dr.(c). Washington Daniel Gorosito Pérez