Carlos García/Guanajuato, Gto.- La aspirante a la gubernatura por Morena, Bárbara Botello Santibáñez, puso una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que realicen una investigación de situación excepcional al gobierno del estado por el préstamo de 230 millones de pesos realizado al “Grupo Pachuca” para la compra del estadio de fútbol León.
Hay un desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados, un perjuicio al patrimonial de la hacienda y por posibles actos de corrupción, señala la denuncia.
La también ex alcaldesa de León (2012-2015) puntualiza que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración otorgó un préstamo irregular a la empresa Fieracapital, a través del Convenio de Apoyo Económico Recuperable con interés y Garantía Hipotecaria, firmado el 15 de julio del 2021.
Existe una conducta ilícita del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; del secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda; y del subsecretario de Finanzas, Edmundo Alain Soto Torres, acusó Botello Santibáñez.
El convenio, firmado ante el notario público 27 Mariano Hernández Aguado, estipula que el crédito será a un plazo de 10 años, con una amortización de nueve pagos iguales de 25 millones de pesos 555 mil 555.55 pesos, a una tasa de interés anual del seis por ciento, detalla.
“El acto denunciado resulta indebido en virtud de que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración no está facultada para otorgar préstamos a particulares con dinero proveniente del erario”, resalta Bárbara Botello.
Resalta que el artículo dos de la Constitución Política de Guanajuato estipula que “el Poder Público únicamente puede lo que la Ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe”.
La Ley del Presupuesto, la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, ni la Ley del Servicio de Administración Tributaria, facultan al secretario de Finanzas a otorgar préstamos a particulares, puntualiza.
“El otorgamiento arbitrario del préstamo de marras ha venido provocando y ocasionará un perjuicio a la hacienda y patrimonio públicos del estado de forma permanente y constante durante la vigencia del crédito -el 15 de julio de 2021 al 30 de junio de 2030-”, sostiene Botello Santibáñez en la denuncia.
Con el otorgamiento del préstamo millonario se incurre en los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, enumeró.
El auditor Superior del Estado, Javier Pérez Salazar, debe realizar una auditoría, buscar que se resarza el daño causado y fincar responsabilidades administrativas y penales, pidió Bárbara Botello.