Carlos García/Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado (FGE) archivó 25 denuncias penales interpuestas por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) por presuntos daños al erario calculados en 10 millones 552 mil pesos.
En el informe de Labores 2022 de la ASEG, entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso, detalla que existen 140 denuncias penales en trámite por peculado, fraude, abuso de autoridad, tráfico de influencias, pero que la FGE archivó 25 denuncias que datan del 2014 al año 2019.
Las querellas archivadas son contra servidores públicos de San Luis de la Paz, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Pénjamo, San Felipe, San Miguel de Allende, Tarimoro, Coroneo, Tierra Blanca, Villagrán, Jerécuaro, Sistema de Agua de Salvatierra, Secretaría de Turismo, Poder Ejecutivo y Romita.
El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Antonio Medina Torres, archivó una denuncia por un presunto daño de ocho millones de pesos a la Secretaría de Turismo, detectado en el año 2017, en la cuenta 5136361200 de “Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales”.
La ASEG detectó que la Secretaría de Turismo – cuando el titular era Fernando Olivera Rocha- pagó ocho millones de pesos a la empresa News Media para la difusión de una campaña en revistas y espectaculares de varias ciudades de Estados Unidos.
“Se observa que la evidencia proporcionada no acredita la realización de la campaña contratada”, determinó la Auditoria Superior, pero la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción archivó el caso al considerar que no había delito.
El zar anticorrupción de Guanajuato también archivó una denuncia contra el gobierno de San Miguel de Allende por un daño superior a los 626 mil pesos, detectado por el pago de un anticipo a la empresa Regarro del Bajío por la elaboración del proyecto de un Parque Lineal.
En la administración (2012-2015), que encabezó el príista Mauricio Trejo Pureco, los auditores descubrieron un posible fraude porque la contratación fue “injustificada” al existir un proyecto igual.
“Dentro del entregable final, el contenido del producto final resultó ser idéntico” al que realizó el arquitecto Manuel Méndez Martínez para la administración (2009-2012), destaca la auditoría que derivó en la denuncia que fue archivada.
En un archivo denominado “Información Complementaria”, la Auditoría Superior argumenta que no puede impugnar la determinación del Ministerio Público porque no tiene el carácter de víctima.
Por irregularidades en la aplicación del dinero público hay 31 expedientes en el Tribunal de Justicia Administrativa, 140 denuncias penales y 42 procesos civiles, detalla el informe del ente fiscalizador.
Derivado de auditorias se han recuperado 28 millones de pesos, destacó.
Perdona FGE a alcalde
La ASE denunció al ex alcalde de San Miguel de Allende (2012-2015), Mauricio Trejo Pureco, por usar 779 mil pesos del erario para pagar el sueldo de dos empleados de su bar El Grito.
El caso fue judicializado y Mauricio Trejo Pureco -nuevamente alcalde (2021-2024) de San Miguel de Allende-, fue vinculado a proceso -en febrero del 2021-, pero el 10 de enero del 2023, la juez de control Marcela Ramos Rodríguez decretó el sobreseimiento de la causa penal 1P3418-190, a petición del abogado defensor Pablo González Sierra, quien uso la investigación de la Fiscalía como elemento a favor del imputado.
La ASGE había determinado que los trabajadores del bar El Grito, Diego García y Claudia Barragán, eran “aviadores” en la Tesorería Municipal.
La investigación complementaria del Ministerio Público se basó en entrevistas realizadas a delegados, comisarios ejidales, funcionarios y prestadores de servicio que tienen una relación de subordinación y comercial con Mauricio Trejo.
Aunque estaban asignados a Tesorería, la Fiscalía obtuvo declaraciones que dicen que Diego era el encargado de colocar mobiliario en los eventos del alcalde y que Claudia era su asistente personal.
“Fue la Fiscalía quien obtuvo las pruebas, fue ella quien preguntó, fue ella quien obtuvo la información, no solamente no la refutamos, estamos de acuerdo con ella”, resaltó en la audiencia Pablo González.
Antes de decretar el sobreseimiento, la juez preguntó a Mauricio Trejo si quería decir algo y respondió: “Nada más que me pongo en sus manos y que toda la información vertida son muchos meses de investigación, ahí está la claridad de las cosas y me pongo en sus manos”.
No hay combate a la corrupción
“La Fiscalía anti corrupción es una muestra impecable de una autoridad inútil, un espacio obeso en burocracia que no ha dado un solo resultado, desde su creación a la fecha”, acusó el coordinador de los diputados del PVEM, Gerardo Fernández González.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Antonio Medina Torres, es incapaz de dar resultados a pesar de que tiene un presupuesto de 60 millones de pesos, superior al de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), al de la Secretaría del Migrante y al del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug), recriminó.
“Parece que nuestras críticas se toman como si fueran un tema político, pero cuando ves los números, la realidad es innegable”, resaltó el legislador.
“Tenemos una Fiscalía que no sirve”, solo da celeridad a los delitos que son mediáticos y no a todos, como es el homicidio del periodista jubilado, Enrique Sosa Martínez, quien fue atropellado intencionalmente por un empresario de León, que no ha sido detenido, reprochó.
El activista e integrante de la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato, Roberto Saucedo Pimentel, coincidió en que no funciona la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
“En lo personal he presentado varias denuncias y ninguna ha caminado”, dijo el abogado.
Recordó que denunció al alcalde del municipio de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, por usar una patrulla para ir a un partido de fútbol en el estadio León y por comprar zapatos para estudiantes de mala calidad y a sobreprecio a una empresa de Guerrero.
“Observamos que la Fiscalía anti corrupción tiene sesgo político” y se vio en el operativo “escandaloso” y “severo” que hicieron en la Tesorería del gobierno morenista de Silao por la denuncia del desvío de cuatro millones de pesos, recordó.
“El combate a la corrupción es una simulación”, remató.