Carlos García/Guanajuato, Gto.- Por tercera ocasión, la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a ejercer acción penal y archivó la querella interpuesta por cuatro buscadoras de personas desaparecidas contra el secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini y contra los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) que las arrestaron en una manifestación realizada, el 10 de julio del 2020, en la ciudad de Guanajuato.
La FGE integró la carpeta de investigación 65249/2020 por la denuncia puesta por Isela Berenice Olimpia Montoya, Karla Verónica Martínez Jiménez, Verónica Durán Lara y por María del Carmen Ramírez Mercado.
En la manifestación, donde fueron detenidas las buscadoras, el Colectivo “A tu Encuentro” solicitaba al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que repusiera el proceso de selección del titular Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato.
Las buscadoras argumentaban que el titular de la Comisión, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, no cumplía con el perfil para el cargo porque es administrador de empresas. En la manifestación también fue arrestado el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Francisco Rubio Salgado.
El 28 de octubre del 2020, el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal, pero fue tramitado un Recurso Innominado y la juez de Control, Liliana Martínez Sandoval, revocó la determinación.
Posteriormente, la FGE volvió a decretar el no ejercicio de la acción penal, el 29 de abril del 2022, y la juez de Control volvió a revocar la decisión del Ministerio Público y ahora el 17 de marzo la carpeta de investigación fue archivada por tercera ocasión.
El agente del Ministerio Público, Javier Cárdenas Benavides, argumentó que archivó la carpeta de investigación porque el personal de las FSPE arrestó a las buscadoras por bloquear una vialidad.
No hubo un uso excesivo de la fuerza y las detenidas no presentaban lesiones, ni daños psicológicos, afirmó en el documento de la determinación del no ejercicio de la acción penal.
“La conducta de los agentes policiales se realizó agotando uno a uno los parámetros legales admisibles de uso de la fuerza pública, sin ir más allá del parámetro de la sujeción, sin la utilización de armas y sin golpear a ninguna de las víctimas”, sostiene.
El abogado y activista, Roberto Saucedo Pimentel, consideró que archivar nuevamente la carpeta de investigación es un mal precedente para la procuración de justicia en Guanajuato porque existen pruebas que las víctimas no alteraron el orden público, ni cometieron algún delito.
“Es la tercera ocasión que la Fiscalía decide no ejercer acción penal, será también la tercera vez que acudamos ante un juez de Control para que revise el caso”, anunció.
En la querella se incluyó a Alvar Cabeza de Vaca porque a pocas horas de la represión salió a defender la actuación del personal de las FSPE, “donde se entiende claramente” que él giró la instrucción de disolver la manifestación, acusó Saucedo Pimentel.
“La gravedad de este precedente, se sustenta en el hecho de que futuras manifestaciones podrán ser disueltas en forma similar a la de los familiares de personas desaparecidas y no habrá consecuencias legales, por esa razón nos vemos obligados a litigar nuevamente contra la Fiscalía, porque lo que está en juego es un derecho humano: el derecho de la libre manifestación”, remató.