Kuali/Guanajuato, Gto.- El Congreso del Estado, con mayoría panista, aprobó archivar dos iniciativas para que las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) sean vinculatorias cuando sean en materia de procuración de justicia y seguridad pública y para que fuera reformada la Constitución con el objetivo de otorgar un apoyo económico a discapacitados y adultos mayores.
En contra del dictamen de archivo para otorgar un apoyo económico a personas con discapacidad y de la tercera edad hicieron uso de la voz la diputada Irma Leticia González Sánchez; así como los diputados Ernesto Millán Soberanes y David Martínez Mendizábal -los tres de Morena-; mientras que para hablar a favor se pronunció el legislador panista, Rolando Fortino Alcántar Rojas.
González Sánchez señaló que en el estado existen 285 mil personas con discapacidad de las cuales sólo el 40% está cubierto por el gobierno federal y lo que se pretende es que todas las personas con discapacidad reciban el apoyo.
La legisladora mencionó que es sabido que para implementar programas sociales no es necesario que estén en la Constitución, pero que la incorporación como derecho constitucional dicho apoyo a las personas con discapacidad permitirá que sea una obligación permanente por parte del Estado y así priorizar los gastos en las verdaderas necesidades de la ciudadanía que también impactará en reducir costos en aspectos que no son de importancia para la población.
Por su parte, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que coincidía que era un tema sumamente sensible pero que lo primero que se tenía que entender era que no se hablaba de discapacitados porque dicho concepto atentaba contra sus derechos, que se debía referir a personas con discapacidad, y que éstas incluyen a algunas que tengan alguna deficiencia física que se encuentre con barreras que puedan impedir su desarrollo en igualdad de oportunidades y que lo esencial era eliminar dichos impedimentos.
Agregó que la cantidad que actualmente se les otorga no contribuye a quitar obstáculos de su vida para su pleno desarrollo, por lo que el tema como se planteaba no ayudaba en lo más mínimo a mejorar su calidad de vida.
En rectificación de hechos, el legislador Ernesto Alejandro Prieto Gallardo externó que lo expuesto por su homólogo mostraba un pensamiento conservador en las políticas sociales y que era lamentable que considerara que otorgar dinero a los más vulnerables era un desperdicio.
En su oportunidad, el diputado Ernesto Millán Soberanes, quien también habló en contra, argumentó que la cantidad que se destina para apoyar al citado sector no se compara contra los gastos que se realizan en materia de publicidad, y que tenían la obligación de atender las necesidades de todas las personas incluidas las personas con discapacidad.
Finalmente, el congresista David Martínez Mendizábal refirió que existen varias nociones en el dictamen que señalan un desconocimiento de las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad, siendo los apoyos por parte del gobierno de gran ayuda para las personas que presentan alguna vulnerabilidad.
Reforma Código Penal
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA, formuló una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, con la finalidad de aumentar las penas por la comisión de los delitos en contra de la libertad sexual, específicamente los cometidos en contra de menores de edad o personas incapaces.
En su exposición de motivos, la congresista indicó que el abuso y acoso sexual en las escuelas contra menores de edad ha tenido un aumento en la entidad, al señalar que el año pasado Guanajuato registró 60 denuncias. Asimismo, se refirió a los casos ocurridos en dos preescolares del municipio de Silao y los actos cometidos en contra de infantes en un jardín de niños de Irapuato.
La legisladora propuso que en caso de que el perpetrador del delito sea un funcionario público, su destitución e inhabilitación sea de forma permanente y que se estipule que ese tipo de delitos no le sea aplicable la conmutación de penas, el perdón o el indulto, la renuncia del derecho a la reparación del daño y que no puedan ser sujetos de cancelación en los registros de antecedentes penales.
“Estas modificaciones obedecen a la necesidad de proteger a la niñez de nuestro Estado, a impedir que figuras que debieran ser de protección y autoridad, abusen de la confianza, inocencia, inexperiencia e indefensión de las niñas y niños. Como legisladores tenemos que hacer un llamado enérgico, no solo a los delincuentes, sino a las propias autoridades de procuración e impartición de justicia para que se ejerzan sus funciones no solo para detener, sino para enjuiciar y encarcelar a este tipo de delincuentes”, dijo.
Finalmente, Alcaraz Hernández reiteró que desde este Congreso se debe dar un mensaje claro y contundente de que la vida e integridad de las niñas y los niños se protege, siendo necesario que los delincuentes tengan castigos con penas que los marquen de por vida.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.