Carlos García/Guanajuato, Gto.- El Congreso del Estado recibió la solicitud de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) para que llame a comparecer al alcalde de San Diego de la Unión (2021-2024), Juan Carlos Castillo Cantero, para que explique por qué no aceptó la recomendación derivada de los actos de violencia y descalificaciones públicas que ejerció contra una regidora.
“Debido a la negativa a pronunciarse sobre la aceptación y la posterior negativa expresa, por parte de la sindica del municipio -Yessica Velázquez Rodríguez-, hoy la Prodheg echa andar este mecanismo previsto en la Constitución y en la ley”, informó el ombudsman, Vicente Esqueda Méndez.
Después de que la Diputación Permanente del Congreso de Guanajuato envió a la Comisión de Derechos Humanos la solicitud de comparecencia, Esqueda Méndez explicó que no intenta obligar al alcalde a que acepte la recomendación, porque por ley puede o no acatarla, pero tiene que explicarle a la sociedad, en la máxima tribuna, las razones de la negativa.
“Nuestro trabajo es por la sociedad y le tenemos que rendir cuentas, por eso las recomendaciones son públicas, y quien decida no aceptarlas, pues que de sus razones también públicamente, todo de cara a la sociedad”, puntualizó.
¿Histórica la solicitud de comparecencia?
-En Guanajuato es la primera vez que sucede y es parte del mecanismo de protección de los derechos humanos.
La mañana del martes, la Diputación Permanente recibió la solicitud del ombudsman para que llamen a comparecer al presidente municipal de San Diego de la Unión -emanado del partido Redes Sociales Progresistas (RSP)- Juan Carlos Castillo Cantero, para que informe por qué no aceptó la recomendación derivada de agresiones denunciadas por una regidora cuando él fue alcalde en la administración (2015-2018). La petición fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, análisis y dictaminación.
El 30 de agosto del 2022, el ombudsman resolvió el expediente de queja 101/17-D y recomendó al presidente municipal, Juan Carlos Castillo, que ofrezca una disculpa pública a la entonces regidora de la administración (2015-2018) por “la violación a su derecho en su condición de mujer a una vida libre de violencia”.
Solicitó al actual Ayuntamiento que inicie un proceso administrativo contra el alcalde y que brinden atención psicosocial a la ahora ex regidora.
En el año 2017, la regidora denunció ante la Prodheg que en una sesión de Ayuntamiento el presidente municipal se molestó porque propuso modificar la orden del día y por pedir la impresión de tres tantos del acta.
“Al percatarse que no se asentó su petición, solicitó directamente al encargado de la Secretaría del Ayuntamiento que la misma se agregara, pero el presidente municipal se opuso, finalmente se modificó una hoja, lo que generó molestia en el presidente municipal, quien salió del salón de cabildos sin firmar el acta”, relató la quejosa.
Agregó que ella tomó dos tantos del acta, una copia de la Ley de Ingresos y a fuera de la presidencia Juan Carlos Castillo se puso violento, comenzó a empujarla, a forcejear con ella para quitarle los documentos.
Después el presidente difundió en redes sociales un video donde “emitió a la opinión pública juicios de valor negativos en su contra, al decir que todos sabían cómo se conducía dentro y fuera de la administración pública”, denunció ante la Prodheg.
“Juan Carlos Castillo Cantero vulneró el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, tras efectuar acciones que contravinieron la integridad, dignidad y honra; y por consecuencia, vulneró sus derechos humanos”, determinó Vicente Esqueda.