Alicia Arias/León, Gto.- “La ciudad tiene derecho a hacer un análisis a detalle” sobre el próximo aumento a la tarifa del transporte público urbano; incluso, el gobierno municipal debería subsidiar el servicio en el que los más pobres de León gasta más de la tercera pare de sus ingresos.
Esa es la postura de la organización civil No + pobreza, que este lunes hizo un llamado al Ayuntamiento de León a destinar el tiempo que sea necesario para el análisis que realiza en este momento la Comisión Mixta Tarifaria, luego de que el lunes de la semana pasada dio entrada a la solicitud de los empresarios que tienen la concesión del transporte público en este municipio.
Los empresarios están solicitando un incremento de cuatro pesos para la tarifa en efectivo y con prepago, 1.8 pesos para la preferente y .86 para la de personas adultas mayores.
Si se autoriza dicha solicitud las tarifas pasarían de 12 a 16 pesos el pago en efectivo, de 11 a 15 pesos con tarjeta de prepago, de 5.20 a 7 pesos a estudiantes y de 5.20 a 6 pesos para personas adultas mayores.
LA MOVILIDAD NO PUEDE SER UN NEGOCIO MÁS
“La movilidad no puede ser vista como un negocio más dentro de todas las posibilidades de negocio en la ciudad. Es un derecho humano que tenemos que garantizar”, dijo en conferencia de prensa esta mañana David Herrerías Guerra, integrante de No + pobreza.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a nivel nacional el municipio de León es el que más gente en pobreza ha acumulado en la última década, al pasar de 545 mil 519 en 2020, a 816 mil 934 en 2020.
Siendo León la municipalidad con más pobreza en todo México, un incremento al pasaje del transporte público es una decisión que no se debe tomar a la ligera, pues, de acuerdo al estudio realizado por la firma Bismark en octubre de 2022, seis de cada 10 leoneses gastaban el 29.8 por ciento de sus ingresos en transporte y, de autorizarse los cuatro pesos, tendrán que gastar alrededor del 40 por ciento, casi la mitad de sus ingresos, nada más en el transporte, explicó David Herrerías.
Aunque hay quienes podrían argumentar que el salario mínimo aumento un 20 por ciento, la realidad es que la mitad de la fuerza laboral en León está en la informalidad, de tal manera que el aumento al salario mínimo “es irrelevante para ellos porque están fuera del seguro social”, aclaró Mauricio Battaglia Velázquez, integrante de No + Pobreza.
Por lo anterior, señaló que, entendiendo que hay un problema inflacionario en el mundo y que los transportistas pueden tener años difíciles, está claro que la población con menos recursos económicos es muy susceptible a la pérdida del poder adquisitivo ante cualquier incremento al transporte.
TRANSPORTE, UN SERVICIO PÚBLICO Y UN NEGOCIO
El transporte público es un servicio que los gobiernos municipales están obligados a proporcionar a la ciudadanía y “tiene que garantizar el derecho de las personas a la movilidad” por eso, las autoridades municipales deben ver más allá del negocio que representa para los empresarios a quienes les fue concesionado, plantearon los integrantes de la No + pobreza.
“El Municipio no está viendo con quién contrata las vallas públicas, o no está viendo con quién contrata la pintura de algo. El Municipio está hablando de un derecho humano que es fundamental”, advirtió David Herrerías.
-¿Crees que es momento de pensar que el transporte público no debiera ser negocio de un particular sino responsabilidad de la autoridades?
“Es nuestra propuesta número tres. Debe de ser evaluado como una posibilidad muy en serio”, respondió Mauricio Battaglia.
Por su parte, David Herrerías planteó que, como el transporte está concesionado, es normal y legítimo que los transportistas busquen ganancias porque el gobierno les ofreció la posibilidad de hacer negocio con un bien público, pero, destacó que el problema de la movilidad tiene muchos otros componentes que se tienen que abordar y “puede ser muy simplista centrarse solamente en el costo e inversión en “una ciudad que seguimos diseñando para el automóvil, que se extiende demasiado; una ciudad poco concentrada, que se dan permisos para hacer fraccionamientos en lugares muy alejados”.
Ante dicha problemática, No + pobreza hizo cuatro propuestas:
1 Hacer un análisis profundo con la participación de expertos en movilidad y finanzas y con información que no solo proporcionen los que están solicitando el incremento.
2 Que independientemente del resultado, en el corto plazo se busque subsidiar el transporte público.
3 Que se conforme una comisión técnica independiente para que diseñe una estrategia diferente a las de las concesiones para administrar el transporte público, que sea eficiente y no busque obtener utilidades, sino garantizar el derecho a la movilidad.
4 Que los empleadores –patrones- se sumen al esfuerzo por mejorar las condiciones salariales de sus colaboradores y disminuir la brecha salarial al interior de sus empresas. Eso incluye, especialmente a los gobierno estatal y municipal. Como principales empleadores en el Estado.
Por último, Mauricio Battaglia dijo que “no nos podemos de dar el lujo de no poner en una agenda pública seria, cuál es el futuro del transporte en León, cuál es el modelo de urbanización de León. Es un tema bien complejo, pero tenemos que empezar ya porque este es la consecuencia de no haberse planteado en el pasado, tanto el modelo de ciudad como el modelo de transporte”.