Carlos García/San Miguel de Allende, Gto.- Como el alcalde priísta de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, no acata la orden judicial de retirar de la calle Juárez la ampliación de banqueta que realizó con el objetivo de eliminar la parada de los turibuses e impedirles que trabajen, el titular del Juzgado Segundo de Distrito, Reynaldo Piñón Rangel, ordenó interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El Incidente de suspensión 1192/2022, señala que el presidente municipal; el secretario de Seguridad, Arturo Yáñez Saldaña; a la directora de Obras Públicas, María Elena Vázquez; y el Comisario de Tránsito, Jorge Salas Luna, han desacatado la medida de suspensión emitida, desde el 26 de septiembre de 2022, por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
“Las autoridades demandadas desde hace casi dos meses han estado obligadas a dar cumplimiento a la suspensión del acto reclamado, lo que no ha acontecido hasta la fecha 28 de noviembre de 2022”, señala el empresario que tramitó el amparo, en el incidente de suspensión.
El gobierno de San Miguel debe demoler “lo construido ilegal e inconstitucionalmente”, que realizó contraviniendo órdenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia -INAH-, resaltan los oficios entregados al Juzgado de Distrito.
Recalcan que el gobierno municipal se ha negado a retirar la banqueta en un lapso de dos meses, que es más tiempo del día que les tomó hacer la ampliación.
“No está justificado tal retraso y con total independencia que se llegue a retirar aún en una fecha hasta ahora incierta, solicitamos se consigne el expediente al Ministerio Público por los delitos especiales que prevé la Ley de Amparo en su artículo 262 fracción III, cometidos por las autoridades responsables por órdenes del alcalde municipal”, solicitó la parte quejosa.
A quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado se le impondrán de tres a nueve años de prisión, una multa de 50 a 500 días, la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos de tres a nueve años, marca el artículo 262 de la Ley de Amparo.
El gobierno local tiene personal y maquinaria para retirar la ampliación de la banqueta porque la obra fue ejecutada por el propio municipio y “carece de toda justificación que para cumplir una suspensión otorgada por un Tribunal Colegiado, tenga que solicitar el visto bueno de la diversas autoridades municipales Director de Centro Histórico y Patrimonio, así como del Comisario de Tránsito, quienes por cierto, también son autoridades responsables y están obligadas a cumplir la suspensión”, argumentan ante el juez.
Agrega que está acreditado que Mauricio Trejo ordena a los tránsitos que impidan que los turibuses trabajen con “absurdas e inexistentes infracciones”.
El presidente municipal envió al Juzgado un oficio donde supuestamente ordenó a sus subalternos que “permitieran a las unidades del ahora quejoso que cuenten con permiso ingresen al centro histórico a fin de prestar el servicio turístico”.
Sin embargo “se considera que las autoridades responsables no han acatado en su integridad lo señalado por esta autoridad en el proveído de 22 de noviembre pasado” y “se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que proceda en términos del artículo 262 de la ley de la materia”, señala el juez Reynaldo Piñón.
El juez también impuso una multa 9 mil 622 pesos porque tampoco han permitido que los turibuses circulen por el centro de San Miguel de Allende.