Carlos García/León, Gto.- El gobierno de León pedirá una disculpa pública e indemnizará a la familia de un hombre que fue asesinado, hace tres años, por la Policía Municipal; crimen que quedó impune porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo identificar al oficial que disparó.
Aunque penalmente y administrativamente el crimen quedó sin castigo, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) comprobó que, el 17 de noviembre del 2019, la Policía de León asesinó a un hombre en la colonia La Esmeralda.
“Quedó acreditada la violación del derecho humano a la vida, es obligación de la autoridad responsable reparar de forma integral y efectiva el daño sufrido como consecuencia de las violaciones de derechos humanos”, señala en la recomendación emitida al actual director de Policía, Jorge Guillén Rico.
La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, se deslindó del asesinato del ciudadano porque fueron hechos que ocurrieron en la administración pasada, que encabezó Héctor López Santillana.
“Nosotros de manera institucional se van a pedir las disculpas, estaremos muy pendientes de la familia cumpliendo con las recomendaciones -de la Prodheg-“, señaló.
Agregó que le ha tocado cumplir recomendaciones de violaciones a derechos humanos que no se cometieron en su gobierno, que inició el 10 de octubre del 2021.
La actual administración capacita intensamente a los policías en materia de derechos humanos, dijo.
¿Qué tan grave es que el homicidio, cometido por un policía, está impune?
-No son hechos de esta administración, yo no conocí la investigación como tal, no soy autoridad para ello, sería irresponsable opinar sino tengo los pelos de la burra en la mano.
Prodheg
Después de casi tres años del homicidio comedido en la administración (2018-2021), del alcalde panista Héctor López Santillana; la Prodheg concluyó la Policía violó el derecho a la vida del ciudadano asesinado.
En esa ocasión policías de León atendieron el reporte de una riña campal en la colonia La Esmeralda, donde detuvieron a tres personas.
El FGE y la Prodheg tienen en su poder videos donde se ve la silueta de un policía que disparó en tres ocasiones.
En el operativo participaron los oficiales José Guadalupe Hernández Macías, Mauricio Carrillo Llamas, Héctor Rodríguez Luna, Fernando González Alfaro, Isidro Mandujano Padilla, Vidal Vicente Mendoza Rodríguez, Juan Marín Matehuala Calvillo, Miguel Ángel Puente Ascencio, José Raúl Monreal Rodríguez, Rosa Angélica Vázquez Herrera, Claudia Estela Baltazar Ramírez, Luis Ángel Soto Meza, Blanca Margarita Arias Barrón y Sergio Francisco Martínez Palma, señala la investigación de Derechos Humanos.
La FGE describió que en el video “se aprecia un elemento con uniforme de policía quien se encuentra cerca de la persona quien graba, se puede apreciar que la silueta dispara en varias ocasiones hacia una dirección, sin poder determinar a qué y/o a quién”, refiere la investigación del ombudsman.
En el lugar del crimen fueron asegurados tres casquillos “Águila” nueve milímetros que son los que usan los policías de León, detalla el expediente 364/19-A-I.
“Se considera probado que las SSP León detonaron sus armas de fuego, y una de las balas impactó contra el cráneo del hermano de la quejosa; por lo que para esta Prodheg se considera acreditado el acto violatorio de derechos humanos, consistente en la privación de la vida”, concluyó la investigación.
La víctima no portaba armas, nunca existió un riesgo para los policías que atendieron la riña y no se justificó que “desenfundaran y accionaran sus armas de fuego en contra de las personas involucradas en los hechos”, refiere Esqueda Méndez.
Agrega que los policías “fueron omisos en brindar asistencia a la víctima” porque se retiraron del lugar y la persona con una herida en el cráneo tuvo que ser llevado al IMSS en un vehículo particular.
“José Raúl Monreal Rodríguez, José Guadalupe Hernández y Saúl Vargas sí recibieron sus equipos, pero no los entregaron cuando finalizaron sus labores, pues no aparece la firma de ninguno de ellos al momento de entregar el equipo, que debió ser al finalizar el turno el día de los hechos”, destaca Derechos Humanos.
La Prodheg emitió cinco recomendaciones al director de Policía, Jorge Guillén Rico, para que sean indemnizados los familiares de la víctima “por el daño causado, los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables”.
La familia debe recibir atención psicosocial, una “disculpa pública institucional”, aunque el caso fue archivado administrativamente se pide la “continuación de los procedimientos administrativos disciplinarios” y se imparta una capacitación sobre el uso legítimo de la fuerza.