Carlos García/León, Gto.- En noviembre del año 2019, la Policía del gobierno de León mató a un ciudadano violando su derecho a la vida, concluyó la investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), quien recomendó que la familia sea indemnizada y se pida una disculpa pública.
La Fiscalía General del Estado (FGE) – que presume es de las mejores del país- archivó la investigación del homicidio porque no pudo identificar al policía que disparó contra un ciudadano de la colonia La Esmeralda, la madrugada del 17 de noviembre del 2019.
“De acuerdo con los hechos materia de este expediente, y a lo señalado en la presente resolución, quedó acreditada la violación del derecho humano a la vida. Por lo anteriormente expuesto, es obligación de la autoridad responsable reparar de forma integral y efectiva el daño sufrido como consecuencia de las violaciones de derechos humanos”, determinó el ombudsman, Vicente Esqueda Méndez, en las recomendaciones que emitió el 31 de agosto del 2022, al gobierno de León que encabeza la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos.
Después de casi tres años del homicidio comedido en la administración (2018-2021), del alcalde panista Héctor López Santillana; la Prodheg concluyó la investigación que realizó bajo el expediente de queja 364/19-A-I.
En esa ocasión policías de León atendieron el reporte de una riña campal en la colonia La Esmeralda, donde detuvieron a tres personas.
El FGE y la Prodheg tienen en su poder videos donde se ve la silueta de un policía que disparó en tres ocasiones.
En el operativo participaron los oficiales José Guadalupe Hernández Macías, Mauricio Carrillo Llamas, Héctor Rodríguez Luna, Fernando González Alfaro, Isidro Mandujano Padilla, Vidal Vicente Mendoza Rodríguez, Juan Marín Matehuala Calvillo, Miguel Ángel Puente Ascencio, José Raúl Monreal Rodríguez, Rosa Angélica Vázquez Herrera, Claudia Estela Baltazar Ramírez, Luis Ángel Soto Meza, Blanca Margarita Arias Barrón y Sergio Francisco Martínez Palma, señala la investigación de Derechos Humanos.
La FGE describió que en el video “se aprecia un elemento con uniforme de policía quien se encuentra cerca de la persona quien graba, se puede apreciar que la silueta dispara en varias ocasiones hacia una dirección, sin poder determinar a qué y/o a quién”, refiere la investigación del ombudsman.
En el lugar del crimen fueron asegurados tres casquillos “Águila” nueve milímetros que son los que usan los policías de León, detalla el expediente 364/19-A-I.
“Se considera probado que las SSP León detonaron sus armas de fuego, y una de las balas impactó contra el cráneo del hermano de la quejosa; por lo que para esta Prodheg se considera acreditado el acto violatorio de derechos humanos, consistente en la privación de la vida”, concluyó la investigación.
La víctima no portaba armas, nunca existió un riesgo para los policías que atendieron la riña y no se justificó que “desenfundaran y accionaran sus armas de fuego en contra de las personas involucradas en los hechos”, refiere Esqueda Méndez.
Agrega que los policías “fueron omisos en brindar asistencia a la víctima” porque se retiraron del lugar y la persona con una herida en el cráneo tuvo que ser llevado al IMSS en un vehículo particular.
“José Raúl Monreal Rodríguez, José Guadalupe Hernández y Saúl Vargas sí recibieron sus equipos, pero no los entregaron cuando finalizaron sus labores, pues no aparece la firma de ninguno de ellos al momento de entregar el equipo, que debió ser al finalizar el turno el día de los hechos”, destaca Derechos Humanos.
La Prodheg emitió cinco recomendaciones al director de Policía, Jorge Guillén Rico, para que sean indemnizados los familiares de la víctima “por el daño causado, los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables”.
La familia debe recibir atención psicosocial, una “disculpa pública institucional”, aunque el caso fue archivado administrativamente se pide la “continuación de los procedimientos administrativos disciplinarios” y se imparta una capacitación sobre el uso legítimo de la fuerza.