Alicia Arias/León, Gto.- Mientras la normativa aplicable en el estado de Guanajuato no permita dotar del servicio de agua potable a las familias que viven en colonas catalogadas como “irregulares”, funcionarios públicos podrían ser sancionados, aseguró el director general de SAPAL, Enrique de Haro Maldonado.
El directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), declaró en entrevista con los medios de comunicación que “mientras no exista una, digamos, regularización de los predios nosotros no pudiéramos entrar. Ese es un tema, incluso, de responsabilidades hacia un servidor público”.
Cuestionado sobre las acciones que realiza el organismo operador de agua en León dar cumplimiento al mandato constitucional y garantizar el derecho humano al agua, Enrique de Haro respondió: “lo que está haciendo SAPAL son las tomas públicas, que es –como- podemos acercar el servicio, digamos, de manera general, no particular”.
Anunció que para el próximo año SAPAL tiene contemplado arrancar “con un proyecto grande, fuerte” pero no será la conexión a la toma de agua potable en cada domicilio de las zonas llamadas “irregulares” porque la ley lo prohíbe.
Añadió que otra de las acciones que realiza SAPAL en estos momentos es el intercambio de información en mesas de acuerdo con el diputado local panista, Miguel Ángel Salim Alle, quien presentó una iniciativa de ley para que se actualice el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de que los hogares de colonias “irregulares” puedan conectarse a la red de agua potable.
Explicó que han analizado el cómo se puede dotar de los servicios y “una vez que se destrabe ese tema, estaríamos analizando de qué tamaño es el problema, de qué tamaño serían las inversiones, como quién le tendría que entrar en ese sentido; pero yo creo que mientras no se defina el tema de la certeza jurídica no podemos hacer mucho”.
Cuestionado al respecto, el director de SAPAL dijo que el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) busca que no crezcan más desarrollos de ese tipo “porque, de lo contrario, no estaríamos dándole abasto a este tema. Parte de las reglas tiene que ver con la consolidación de estos desarrollos y con el año que llevan, y esto lo están trabajando directamente desde gobierno del estado”.
INTERPONEN AMPARO PARA QUE SE DOTE DE AGUA POTABLE A FAMILIA
El jueves de la semana pasado el Consejo Pensando en Guanajuato interpuso una demanda de amparo por el derecho al agua en colonias no regularizadas, al considerar que la normativa estatal y municipal contravienen el derecho internacional.
Juan Pablo Delgado Miranda, abogado y presidente del consejo, que es un órgano consultivo del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el estado, ha cuestionado la lógica de la normativa estatal y municipal que restringe el acceso al agua potable a las “colonias irregulares” y califica de “política fallida” la que aplican las autoridades porque no ha logrado evitar que las familias leonesas se asienten en espacios no regularizados.
Los estándares mínimos de satisfacción del derecho al agua para uso personal y doméstico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales han planteado están lejos de cumplirse en el caso de muchas familias guanajuatenses que, según estimaciones del INEGI, representan, al menos, el 18.5 por ciento de la población del estado.
En León, hay familias que “pueden tardarse hasta una hora en acarrear de 20 a 30 litros de agua desde la toma comunitaria de SAPAL; y sus niñas se han enfermado por tomar el agua de la toma”, dijo Juan Pablo Delgado.
Por lo anterior, el consejo emprendió una estrategia de litigio a fin de que se resuelva el caso concreto de una familia de la colonia Ampliación San Francisco que tiene 19 años recibiendo de las autoridades para conectarse a la red de agua potable.
Otro de los objetivos que se busca con la demanda de amparo es que el juzgado respectivo encuentre como inconstitucional el contenido de la legislación estatal y normativa municipal que condiciona la conexión del servicio de agua potable a la tenencia de un título de propiedad.