Alicia Arias/León, Gto.- De cara a la reforma electoral se debe considerar la ciudadanización de las elecciones en el sistema democrático mexicano. “Eso es lo que nosotros, como autoridades locales, representamos”, declaró Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
En entrevista con los medios de comunicación la presidenta del Consejo General del IEEG destacó que los Organismos Públicos Locales (OPL) representan la garantía de que los procesos electorales son supervisados por gente profesional y capacitada en la materia y con respaldo de la ciudadanía que, proceso tras proceso, acompaña la realización de las elecciones.
Certeza, transparencia y legalidad es lo que aportan los organismos locales de las 32 entidades federativas del país, algo que se debe tomar en cuenta a la luz de la pretendida reforma electoral que se debate en el Congreso de la Unión y que contempla la desaparición de éstos organismos para que sea una instancia federal la responsable de la organización de las elecciones en todo el país.
Brenda Canchola dijo estar a favor de la permanencia de los OPL, quienes acumulan una experiencia de 27 años, como en el caso de Guanajuato.
“Esta experiencia, profesionalismo, compromiso que tiene la gente; sobre todo la cercanía y el conocimiento de las realidades políticas, geográficas, socioculturales, demográficas, que cada uno de los institutos tenemos en cada uno de nuestros estados; sobre todo las especificidades culturales (…) Las realidades de cada estado son distintas, la cercanía, la experiencia que se tiene acumulada; creo que es algo que no se debiera de perder y, además, la estabilidad social que se ha tenido con el trabajo de cada una de nuestras instituciones, la paz social y la alternancia de forma pacífica continua. Eso es un valor agregado que tenemos las instituciones electorales”, expresó la consejera presidenta.
INSTITUCIONES CONFIABLES
Los organismos electorales locales son de las instituciones públicas que más confianza tienen de parte de la ciudadanía “y eso es algo que no debemos dar por sentado”, añadió Brenda Canchola, al destacar que si hubiera una reforma electoral, en cualquier sentido, las elecciones se tendrían que seguir organizado bajo los términos que se determinen y, “en caso de que fuera alguna modificación a nuestra atribuciones, las tendríamos que asumir.”
“Se actuará en consecuencia de lo que se decida, pero yo espero que se valore, se privilegie la estabilidad social que este tipo de instituciones hemos dado al país para continuar con este trabajo que tanto trabajo, valga la redundancia, ha costado”, opinó al respecto.
Descartó que la desaparición de los organismos locales represente un ahorro económico, toda vez que el ente federal tendría que contratar personal para la organización de las elecciones en cada municipio y el trabajo que realizan los y las funcionarios electorales “no es una actividad que se pueda aprender en meses. La materia electoral es cada vez más técnica y rigurosa y el profesionalismo que se tiene es un valor agregado que no se aprende en meses”, dijo la consejera presidenta.
“No hay tal ahorro. Es como una simulación el argumento que se da en este sentido. Realmente el costo de las autoridades electorales en términos de Producto Interno Bruto (PIB) no es representativo”. Lo que sí podría resultar costoso es la búsqueda de los resultados certeros y confiables que se han dado (…) Eso sería lo lamentable”, comentó.
Ante la cercanía de las elecciones más grandes que vivirá el país, en el 2024, Brenda Canchola estimó que un riesgo sería la implementación de los mecanismos, cualesquiera que fueran, de una nueva normatividad, ya que no solo implica desaparecer autoridades sino que se tiene que garantizar el voto secreto y libre de la ciudadanía.
“Cambiar las reglas de manera tan tajante sería un reto para cualquier autoridad que tuviera a su cargo las elecciones”, advirtió.