Alicia Arias/León, Gto.- Desde hace dos años la Universidad de Guanajuato (UG) se ha negado a pagar el monto de las liquidaciones de 31 ex profesores de la Unidad de Idiomas del Campus León, acusaron esta mañana profesores que fueron despedidos.
El conflicto laboral entre el equipo de ex profesores y la UG tiene cuatro años en los tribunales laborales, y quienes fungieron como docentes de seis idiomas y algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad, piden “que la universidad cumpla lo que se le ha ordenado y que deje de estar alargando el proceso” que comenzó cuando los ex trabajadores de la UG pidieron condiciones laborales dignas y prestaciones de ley.
“Que termine el proceso como la ley manda”, dijo Sergio Barbosa Macías, quien fue despedido en enero de 2020 cuando fungía como coordinador de cuatro idiomas: inglés, chino, ruso y náhuatl.
inglés, chino, italiano, alemán y ruso.
El profesor narró que, sin más explicaciones, personal del área de recursos humanos le dijo que ya no sería contratado y quedó fuera de la universidad.
El resto de los 30 profesores que reclaman su liquidación dependían de él, de tal manera que, cuando lo lo despidieron, nadie volvió a comunicarse con ellos y también quedaron fuera de la UG.
UN VIEJO PROBLEMA QUE DEJARÍA AL PRÓXIMO RECTOR (A)
El despido de los 31 profesores fue consecuencia de una demanda laboral que interpusieron en el año 2018 un total de 36 docentes de los cerca de 80 que laboraban, en ese entonces, en la Unidad de Idiomas de León.
En esa primera demanda las y los 36 ex trabajadores exigieron, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios de Guanajuato, mejores condiciones laborales y prestaciones de ley, toda vez que tenían de dos a 20 años laborando en la institución bajo la contratación de “prestadores de servicios profesionales asimilados a salarios”, “a pesar de que trabajábamos tal como los demás docentes universitarios, es decir, con un horario, un jefe, y un espacio de trabajo específico, pero sin contar con ninguna prestación, ni seguridad social, ni estabilidad en el empleo”, señalaron los ex profesores universitarios.
Destacaron que “la universidad simulaba una relación de trabajo distinta a la que en realidad existía para evitar cumplir con sus responsabilidades hacia nosotros. A la fecha, esta simulación continúa con gran parte de sus empleados”.
Pero, a la demanda de mejores condiciones laborales, le antecedieron innumerables peticiones al rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, “quien siempre nos decía que lo iba a ver”. El rector está por cumplir los dos periodos que puede estar al frente de la Rectoría General y podría dejar el problema a su sucesor o sucesora.
Son tres las demandas colectivas interpuestas por este grupo de exprofesores, mismas que la UG ha desatendido haciéndose merecedora de cuatro multas por los incumplimientos en los que ha incurrido, dijeron los entrevistados al informar que desconocen el monto de las mismas.
Las primeras dos demandas datan del año 2018 y los números de expedientes son: 18/2018/LN/CA/INDU y 22/2018/LN/CA/INDU. En ambas, la demanda es que la UG las reconozca como personas trabajadoras universitarias con plenos derechos. Esta exigencia fue ganada por el equipo demandante el dos de julio de 2020, cuando el juez laboral dictó sentencia y ordenó a la UG reconocer a las y los profesores como sus trabajadores con todos los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y otorgar, de manera retroactiva, las aportaciones de seguridad social correspondientes a cada uno de los 36 ex trabajadores.
La sentencia de cada proceso no fue aceptada por la universidad y sus abogados recurrieron a una segunda instancia interponiendo un amparo que le fue negado, por lo que las sentencias quedaron firmes, es decir, tienen que cumplirse o la UG podría caer en un desacato legal.
Ya se cumplieron dos años de las sentencias y la UG “le da largas al proceso”, pues, desde abril y mayo de 2021, los abogados universitarios no han presentado las pruebas que ellos mismos ofrecieron para cumplir con el incidente de liquidación.
En lo que respecta a la tercera demanda laboral, con número de expediente 2/2020/LNCA/INDU, por el despido injustificado de los 31 profesores, también sigue sin finiquitarse porque la universidad se ha negado a presentar el informe que, nuevamente, ofreció como prueba.
UNIVERSIDAD POCO ÉTICA
Los abogados de LAUG han argumentado que la institución no tiene el dinero suficiente para cumplir con los tres mandatos legales, y ha pedido al juzgador la oportunidad de ofrecer pruebas, que consisten en informes de la Dirección de Recursos Humanos, a cargo de Edgar René Vázquez González; pero no presenta los informes y solo está alargando el proceso, denunciaron las y los ex profesores que esta mañana convocaron a una conferencia de prensa en las afueras de las instalaciones de la Unidad de Idiomas, donde alguna vez impartieron clases.
El actuar de la UG es “poco ético porque ofrece pruebas para ella misma y no las entrega”, ya que prefiere estar pagando multas que terminar el proceso, comentó el ex coordinador Sergio Barbosa.
“Que resuelvan, que cumplan con lo que están pidiendo. Que entregue la prueba y dé cause al proceso”, es la demanda de Sergio Barbosa Macías, Yesica Pérez, Alejandro Rodríguez, Salvador Ramírez, María Eugenia Iglesias, Alejandro Medina, Cecilia Villar, Anaí Ramales, Yadú Peinado, Vielka Sánchez, Sandra Flores y Gustavo Hernández, ex profesores que esta mañana hablaron a nombre de los 31 despedidos.