Alicia Arias/León, Gto.- El Gobierno Municipal de Guanajuato violó el derecho a la igualdad e incurrió en discriminación de género de dos personas que trabajaban en la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (DGMAOT), determinó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
Al concluir la investigación que motivó el expediente de queja número 148/20-A, el procurador de los derechos humanos, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, notificó a la administración municipal de Guanajuato y emitió una resolución de recomendación dirigida al alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, pues aunque él no incurrió en las violaciones que motivaron la recomendación, sí “es el superior inmediato de las personas servidoras públicas señaladas como infractoras”, señaló la Prodheg.
Juan Carlos Delgado Zárate, titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (DGMAOT), es uno de los tres funcionarios municipales señalador de violar los derechos de las dos personas que son parte de la comunidad de la diversidad sexual. Ambas fueron discriminadas por sus preferencias sexuales y despedidas de su trabajo.
En octubre del año 2020, Kahely, una mujer transexual, dio a conocer públicamente que ella y su pareja habían sido despedidas de la dirección que dirige Delgado Zárate. Luego de trabajar durante 13 años ininterrumpidos en la administración local. Su despido se dio cuando informaron a sus superiores sobre su identidad de género.
LA RECOMENDACIÓN
Aunque las personas víctimas de la discriminación por parte de Delgado Zaárae ya no laboran en el gobierno capitalino, la Prodheg emitió la recomendación con la finalidad de que “se garantice el derecho a la no discriminación de cualquier persona que exprese orientaciones sexuales e identidades de género no normativas (OSIG) que laboren en la administración pública municipal, y para que los hechos analizados en la resolución no vuelvan a repetirse”.
Por lo anterior, derechos humanos recomienda al alcalde Alejandro Navarro lo siguiente:
Iniciar los procedimientos administrativos en contra de las personas servidoras públicas señaladas como responsables, notificando en su momento a la Prodheg de la resolución que se emita en cada uno.
•Brindar atención psicosocial a las personas víctimas.
•Impartir capacitación a las personas servidoras públicas señaladas como responsables sobre temas de orientación sexual y no discriminación, y protección de los derechos de personas con otra OSIG.
•Emitir un protocolo que garantice el derecho a la no discriminación de las personas con otra OSIG que laboren en la administración municipal de Guanajuato, Guanajuato.
A partir de la notificación de la Prodheg, que fue el 20 de julio, Alejandro Navarro cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder si acepta la recomendación; y de ser el caso, tendrá 15 días naturales para aportar las pruebas de su cumplimiento. De esta forma, el próximo martes 26, la Prodheg sabrá si el alcalde aceptó o no la recomendación.
LAS VIOLACIONES
La Prodheg “considera que existen en el expediente elementos suficientes para afirmar que la persona titular de la DGMAOT, así como de la Dirección de Administración Urbana, Dirección de Imagen Urbana, y Jefatura del Departamento de Alineamientos, realizaron actos discriminatorios en contra de las personas quejosas con motivo de su expresión de género”.
Esta fue la conclusión de derechos humanos tras a queja de las dos exempleadas municipales, quienes denunciaron haber sido discriminadas y acosadas laboralmente con motivo de la expresión de género de una de ellas.
“Una vez analizada la queja, así como las pruebas y evidencias del expediente, se desprende que los hechos que motivaron la queja consisten en posibles violaciones al derecho humano a la igualdad y no discriminación en relación con el derecho al trabajo”, señala la Prodheg en su resolución.
El estado de vulnerabilidad se identificó porque las personas quejosas laboraban en el mismo centro de trabajo y una de ellas identifica por persona de la diversidad sexual, además, de haber expresado tener un matrimonio con la otra persona que también se quejó ante derechos humanos, “por lo que nos encontramos ante la presencia de un grupo históricamente vulnerable”, asegura la Prodheg.
Uno de los actos de discriminación que sufrió la pareja, fue cuando las invitaron a sentarse en la misma mesa en la que un funcionario municipal festejaba su cumpleaños, pero, inmediatamente, les pidieron retirarse porque alguien dijo que no se sentaran ahí.
El festejo se realizaba fuera del centro de trabajo y de horario laboral. Ahí coincidieron con los titulares de la DGMAOT, de la Dirección de Administración Urbana, de la Dirección de Imagen Urbana, y personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.
El titular de la Dirección de Imagen Urbana las invitó a la mesa en la que él se encontraba, “pero una compañera de dicha mesa tajantemente dijo «no»; y, posteriormente, la persona servidora pública que las había invitado se disculpó con XXXXX a través de un mensaje enviado por la aplicación denominada «XXXXX».
Sobre ese hecho, la Prodheg considera conveniente destacar que “los actos de violencia en el trabajo se pueden presentar en el centro de trabajo o fuera de este, siempre que estén vinculados a la relación laboral”, de acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Así que, “en el presente caso, la negativa a que se sentaran en la misma mesa que el resto de las personas titulares de la DGMAOT y demás compañeros de trabajo si bien ocurrió fuera del centro de trabajo, constituyó un acto hostil y de discriminación en su vertiente descendiente porque las personas quejosas fueron excluidas por sus superiores jerárquicos con quienes tenían una relación de subordinación, siendo ello un indicador de trato discriminatorio vinculado a la relación laboral”, concluye la procuraduría.
Otras violaciones que los funcionarios consistieron en retraso en la a entrega de elementos para desempeñar el trabajo y el acoso verbal. Finalmente, Delgado Zárate terminó despidiendo a las dos personas por “pérdida de confianza”. Así terminaron 13 años de servicio laboral en el gobierno capitalino.
Este hecho contrasta con la postura del alcalde Alejandro Navarro, quien el pasado 18 de junio encabezó, en la ciudad de León, la marcha a favor de la diversidad sexual en la que tomó el micrófono para declarar que “todos somos iguales”.