Alicia Arias/León, Gto.- En el estado de Guanajuato, más de la cuarta parte de sus habitantes no tienen acceso al agua potable con sistemas formales, es decir, se autoabastecen por medio de comités o medios informales, por ello, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), trabaja en una estrategia que resuelva la problemática.
Tomando en cuenta el último censo poblacional, que data del 2020, en este estado el 27.5 por ciento de sus habitantes carece de una toma de agua potable en su domicilio.
Por lo anterior, la CEAG se ha propuesto abastecer de agua con calidad y oportunidad a toda la población con una serie de acciones que se deberán implementar en los 46 municipios de esta entidad.
Francisco García León, titular de a CEAG, encabezó la semana pasada la comitiva de nueve sistemas operadores de agua del estado que viajaron a Colombia para conocer, entre otras experiencias exitosas, el funcionamiento de Empresas Públicas de Medellín EPM, un organismo industrial y comercial multilatino prestador de servicios públicos como agua, luz y gas natural. Es la empresa más grande de Colombia en dicho sector y es propiedad del Municipio de Medellín.
INCOMPRENSIBLE QUE SISTEMAS DE AGUA TENGAN DÉFICIT FINANCIERO
EPM es una empresa pública que aporta a la ciudad de Medellín 500 millones de dólares anuales de remanentes para infraestructura social “y estamos buscando que los sistemas de agua potable del estado sean autosuficientes porque, teniendo el monopolio en la prestación del servicio, no es comprensible que tengamos déficit en la operación financiera de los sistemas de agua”, explicó en entrevista el titular de a CEAG.
“Hay 1.7 millones de personas que se autoabastecen a través de los comités de agua potable o de sistemas informales; entonces, necesitamos fortalecer las finanzas para que, a su vez, estos recursos vayan destinados al incremento de infraestructura, tanto de agua potable como de saneamiento”, expresó Francisco García.
En el estado de Guanajuato, con 46 municipios responsables de la dotación de agua potable a sus habitantes, hay muchos sistemas que pueden ser autosuficientes, invertir y mejorar paulatinamente la prestación del servicio público; y no únicamente en lo que se refiere al agua potable, sino también a lo concerniente al servicio de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y saneamiento de las aguas residuales que, a su vez, pueden ser reutilizadas.
De acuerdo a los análisis realizados por la CEAG, los sistemas que tienen una viabilidad financiera importante son los de León, Irapuato, Celaya, Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Purísima de Bustos y Cortazar.
Son municipios que han venido manejando bien su sistema comercial y cuentan con un padrón de usuarios que pagan a tiempo la cuota de agua que consumen, lo que redunda en una mejora en la prestación del servicio, “pero necesitamos mejorar”, porque hay pasivos en infraestructura de 20, 30 y hasta 50 años, lo que significa que hay infraestructura que requiere reconstruirse “porque no se le ha metido mano durante los últimos años y necesitamos recuperar agua que se va a través de las pérdidas en las redes de agua potable hacia las alcantarillas y esto no nos permite ampliar la cobertura a zonas donde necesitan el vital líquido”, comentó el responsable de la política hidráulica en el estado al lamentar que hay casos en los que la pérdidas del agua es de hasta un 50 por ciento de la que produce un organismo operador.
Y añadió: “Lo que estamos buscando es que esta eficiencia financiera se traduzca no únicamente en ahorros, sino que esos ahorros se traduzcan, a su vez, en inversiones en infraestructura para aumentar la cobertura. Necesitamos aumentar la cobertura de agua potable tanto en las cabeceras municipales como en las localidades rurales”.
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA NO DEBE SER UN TEMA POLÍTICO
Tradicionalmente el establecimiento de las tarifas por consumo de agua potable ha estado sujeto, en muchos de los casos, a intereses políticos manteniendo bajas tarifas en busca del voto ciudadano.
Este es un tema presente con el que se tendrá que luchar porque “es un tema de sensibilidad. La prestación del servicio de agua no debe ser un tema político. Es un tema técnico en el que tenemos que prestar de manera más eficiente el servicio público”, enfatizó Francisco García.
Para evitar la politización del tema, la CEAG trabaja desde el aspecto legislativo con la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato a fin de establecer tarifas acordes a las necesidades, y esto no significa que tengan que aumentar, necesariamente, sino que la tarifa y el ingreso por concepto de tarifa se aplique a los sistemas de agua de manera adecuada, tanto al tema de alcantarillado, al saneamiento y al incremento de infraestructura.
“Los recursos del agua tienen que ir, primeramente, para el agua, para mejorar las condiciones en la prestación del servicio” y hacer lo que se llama un subsidio cruzado, es decir, que quienes más consumen el líquido y pagan más por él, cubran parte de la tarifa de quienes consumen menos y no alcanzan a cubrir el costo real de la tarifa, es decir, el costo por metro cúbico de producción”, explicó.
Para alcanzar esta meta, la comisión estatal del agua está por concluir la clasificación de los 46 sistemas de agua de acuerdo a su grado de consolidación.
La clasificación tendrá tres categorías: A, B y C. Por ejemplo, los sistemas “A” son aquellos que tienen un grado de consolidación más avanzado, basado en una eficiencia física de entre 55 y 70 por ciento, una eficiencia comercial de entre 60 y 90 por ciento; entre otros criterios de evaluación.
Con esta categorización, la CEAG implementará, de manera conjunta con los Municipios, una serie de políticas para la consolidación e incremento de la cobertura; pues no todos los Municipios tienen un organismo operador descentralizado; algunos lo tienen de derecho, decretado y publicado, pero en la realidad no operan así y están centralizados.
Son siete los indicadores que se están tomando en cuenta: 1) gobernanza, que se refiere a cómo trabaja desde el punto de vista del marco legal; 2) eficiencia física, 3) salud financiera del sistema, 4) cambio climático, 5) recursos humanos, 6) innovación y desarrollo, y 7) indicadores del desempeño de cada sistema.
“Todos estos indicadores nos van dando unos parámetros y líneas de acción con cada uno de estos rubros y, en base a esos resultados, vamos trabajando de manera particular”, detalló el funcionario estatal, quien próximamente hará pública la clasificación y las respectivas líneas de acción.