Carlos García/León, Gto.-El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) desechó el único caso de responsabilidad administrativa grave integrado por la Contraloría del actual gobierno de León (2021-2024), que involucra al ex tesorero (2018-2021) Enrique Sosa Campos, por la venta del mil metros cuadrados del kínder Juan Aldama, al empresario Gabriel Padilla, reconoció la contralora, Viridiana Márquez Moreno, después de rendir un informe al Ayuntamiento.
En los casos enviados al Tribunal de Justicia Administrativa existe impunidad porque no hay sanciones para los responsables de violar la ley, acusó ante el pleno del cabildo el regidor de Morena, Óscar Cabrera Morón, después de que la contralora informó que envió al TJA el expediente de un funcionario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que realizó bonificaciones en cuentas sin tener facultades.
“Este proceso que se remite al Tribunal de Justicia Administrativa va a correr la misma suerte, si quieren armamos una quiniela y a ver en qué termina”, vaticinó al momento de señalar que hay varios casos que involucran a funcionarios de SAPAL que terminaron sin una sanción.
Óscar Cabrera recordó que el magistrado del TJA, Eliverio García Monzón, declaró que las deficiencias de las contralorías en la integración de los expedientes generan que el 90 por ciento de los casos sean desechados.
Las faltas no graves que son resueltas por la Contraloría se han sancionado, defendió el síndico, Arturo Sánchez Castellano, quien resaltó la inhabilitación de 15 años para una funcionaria por un daño de 8.3 millones de pesos a la hacienda pública.
La impunidad campea en todos los niveles, argumentó.
En entrevista se cuestionó a la contralora cuántos expedientes, iniciados en la actual administración, se ha enviado al Tribunal de Justicia y en cuántos hubo una sanción.
“De los iniciados en esta administración y que se han remitido en esta administración al Tribunal, ha sido uno, que efectivamente es el asunto del kínder, todos los asuntos que se han resuelto son los que se iniciaron en la anterior administración”, precisó Viridiana Márquez.
¿El único caso enviado al Tribunal está impune?
-En este caso, pues si, no podemos medir con la administración pasada a ahorita, porque no tenemos los mismos plazos, los mismos términos en cuestión de números.
La determinación de no sancionar al ex tesorero no está firme porque el proceso fue impugnado, resaltó.
“Hacemos valer todo lo que está en nuestro alcance y nos permite la ley para defender los motivos por los que si se considera que existe una falta”, expuso Márquez Moreno.
Reconoció que afecta “a todos” que el 90 por ciento de los expedientes, que las contralorías envían al Tribunal, queden sin sanción.
La funcionaria reveló que las contralorías de los 46 ayuntamientos del estado han tenido acercamientos con el TJA para homologar criterios y capacitarse “para tener los elementos para lograr las sanciones”.