Carlos García/León, Gto.- No hay necesidad de que el Congreso audite a la administración (2018-2021) – que encabezó Héctor López Santillana-, el gobierno de León puede poner una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue el cobro de comisiones en efectivo y en especie que realizaba la Dirección de Desarrollo Institucional, coincidieron el diputado federal, Jorge Espadas Galván y el presidente del Comité Municipal del PAN, Antonio Guerrero Horta.
En las dos administraciones de Héctor López, la Dirección de Desarrollo Institucional pedía comisiones – “reciprocidades”- de hasta un 10 por ciento, en especie y en efectivo, a empresas que prestaban servicios o vendían productos a los empleados municipales.
El Congreso rechazó practicar una auditoría argumentando que la Auditoría Superior del Estado ya había realizado varias revisiones a los gobiernos que encabezó López Santillana, actual director del Puerto Interior.
La Contraloría ya debe tener un dictamen sobre el cobro de las llamadas “reciprocidades” y fincar responsabilidades, “en caso que se haya hecho algo fuera de la ley”, señaló el líder de los panistas, Antonio Guerrero Horta.
“Nosotros no estamos solapando absolutamente a nadie, simplemente que la ley se ejecute y si hay alguien que tenga que responder sobre el tema, adelante, ya sea administrativa o del tipo penal”, señaló.
“Hay que presentarla en la Fiscalía y en la Contraloría, que seguramente ya lleva un proceso por la vía administrativa, pero no necesitamos una auditoría cuando hay hechos que se conocen, que se denuncien y que se sancione”, expuso el diputado Jorge Espadas.
Las auditorías que piden los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Morena tienen “un corte político” y el proceso se llevan más de un año, argumentó.
Durante el tiempo que se realiza la auditoria los delitos pueden prescribir, por eso es mejor que se presente la denuncia penal, refirió.
“El tema de la denuncia siempre está, nosotros denunciamos a Bárbara Botello -alcaldesa de León 2012-2015-, sin auditoría y después con auditoría y después en la Contraloría”, comentó el legislador.
Las reciprocidades
Durante seis años, en las administraciones de León (2015-2018 y 2018-2021) cobraron comisiones de hasta un 10 por ciento al Grupo Óptico Visión Factory, Ópticas Franklin, Óptica el Anteojo Vission, Caja Popular Libertad, FAMSA, Ediciones Tratados y Equipos, Funerales Cepeda, Caja Popular la Merced, MetLife México, con Precisión Óptica, con Servicios PACTO, Previsión Familiar del Bajío, Ópticas Nueva Era, GNP y con Cooperativa Memory Servicios.
Los contratos – en poder de Kuali- firmados por los entonces directores de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos y José Alberto Martínez Aguayo, estipulan que las comisiones, llamadas “reciprocidades”, podían ser en especie o en efectivo. El recurso no era reportado a la Tesorería y era manejado discrecionalmente.
El contrato de GNP – firmado el 15 de enero del 2019- señala que entregará una comisión en especie del 2.5 por ciento, sin impuestos, derechos o ahorro “los primeros días del mes de diciembre a José Alberto Martínez Aguayo, titular de la Dirección General de Desarrollo Institucional”.
El cobro de las comisiones salió a la luz pública porque de la Dirección de Desarrollo Institucional fueron robados más de 97 mil pesos de las “reciprocidades”.
En una entrevista, el ahora director del Puerto Interior, Héctor López Santillana, calificó de “perverso” decir que las “reciprocidades” son “moches”.
“Fueron acuerdos de contraprestación, nosotros favorecíamos a los trabajadores para que compraran en las empresas y en reciprocidad se establecía, mediante convenio, y están todos los convenios, una contraprestación en especie, nunca en efectivo”, confesó.
La presidencia panista de León, Alejandra Gutiérrez Campos, prometió que la Contraloría investigaría el caso “tope donde tope”, pero hasta el momento nadie ha sido sancionado. También dejó de cobrar las “reciprocidades”.