PROPONEN CASTIGAR CON SEVERIDAD EL ABUSO INFANTIL

Kuali/Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de brindarle una mayor protección a la niñez, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.

La diputada Lilia Margarita Rionda Salas manifestó que la formación de un Guanajuato más justo y equitativo había que sumar esfuerzos en temas de prevención y atención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También agregó que todo ser humano menor a los 18 años era acreedor al derecho de pleno desarrollo físico, mental y social.

“Es obligación del Estado proteger al niño contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo. Ellas y ellos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto, a recibir cuidados, desarrollarse y participar en sus comunidades; y tienen derecho a recibir protección contra todo tipo de violencia”, dijo.

La congresista dio a conocer que México había asumido compromisos con la ONU, donde señaló temas como el maltrato infantil, corrupción, trata, abuso infantil y explotación sexual infantil, tráfico de menores, utilización de menores de dieciocho años en actividades delictivas, trabajo infantil, castigo corporal y humillante y el accionar de las autoridades.

Asimismo, mencionó que en los primeros meses de pandemia hubo un incremento del 107% de la pornografía infantil en el país, sumado a que uno de cada 20 niños había sido abusado en algún momento de su vida, aunado a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, registró en México 5.4 millones de casos colectivos de abuso sexual infantil, cifra que posiciona a la nación en el primer lugar mundial.

Rionda Salas manifestó preocupación por los datos entre enero de 2010 y diciembre de 2016, lapso en el que fueron detenidos 642 jóvenes, entre 12 y 17 años, con posesión de hidrocarburos y /o vehículos con reporte de robo.

Agregó que la iniciativa proponía otorgar atribuciones a las diferentes autoridades estatales y municipales, así como a los organismos autónomos, en el marco de sus respectivas competencias, a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; corrupción de menores de 18 años de edad; trata de personas menores de edad, abuso infantil, explotación sexual, tráfico de menores, trabajo antes de la edad mínima de 15 años, castigo corporal y humillante, entre otros.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

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