EXIGEN CASTIGAR PENALMENTE A DIRECTIVOS DE SAPAL

Carlos García/León, Gto.- La Fiscalía General del Estado (FGE) debe fincar responsabilidades penales al presidente del Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Jorge Ramírez Hernández y al director del organismo, Enrique de Haro Maldonado, por el fallecimiento de cinco trabajadores en la planta de tratamiento de aguas residuales, exigieron familiares de las víctimas.

Como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) no hizo recomendaciones a la FGE y al Ayuntamiento de León, las familias anunciaron que pondrán un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La PDHG comprobó que el SAPAL violó los derechos humanos laborales de los empleados porque carecían del perfil para el puesto que desempeñaban, no estaban capacitados y no tenían el equipo de seguridad necesario para operar una planta dañada.

El abogado de las familias, Juan Hernández Araiza, recordó que Derechos Humanos recomendó a el SAPAL pagar indemnizaciones, otorgar seguridad social a las familias, pagar el seguro de vida y brindar atención médica y sicológica.

La recomendación no toca a la Fiscalía a pesar de que hay “inconsistencias” en la investigación para solo culpar del accidente al encargado de la planta, sostuvo.

Agregó que tampoco señala la responsabilidad del Ayuntamiento – que encabezó el alcalde panista Héctor López Santillana- por avalar que no renovarán la concesión a la empresa ECOSYS III y enviarán personal sin experiencia a operar la planta.

El presidente y el director de SAPAL han pagado 3 millones de pesos para que abogados lleven los casos ante el Ministerio Público y los defiendan en los juicios civiles, pero a las familias les ofrecen 35 mil pesos de indemnización, criticó.

El 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, murieron intoxicados, con ácido sulfhídrico, en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento.

“A cuatro días de cumplir un año, no se ha indemnizado a las víctimas indirectas, SAPAL dice que fallecieron por su propia responsabilidad, por una conducta humana de distracción”, reprochó.

Víctor Briseño, padre de Ricardo Briseño, lamentó que Jorge Ramírez y Enrique de Haro gasten millones de pesos en abogados para culpar a su hijo de su propia muerte y así negarles una indemnización.

Recordó que antes del accidente su hijo reportó fugas, tubos podridos, reguladores con fallas y diversos problemas en la planta. A pesar de que los directivos sabían de las anomalías, la Fiscalía no les fincó responsabilidades, reprobó Víctor Briseño.

El ex alcalde, Héctor López Santillana, también sabía que la planta estaba “chatarrizada” y que requería una inversión millonaria para rehabilitarla, pero no le importó y avaló las malas decisiones de los directivos de SAPAL, recriminó.

El 22 de septiembre del 2020, el SAPAL comenzó a operar la planta porque no renovó la concesión a ECOSYS III.

La empresa denunció que la infraestructura tenía fallas porque recibía “aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas” por parte de la industria curtidora.

El equipo mecánico, eléctrico y de procesos de tratamiento fue dañado por basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, ventiló ECOSYS, en agosto del año pasado.

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