Carlos García/ León, Gto.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) investigará al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) por un posible daño a la hacienda pública generado por un mal manejo de la planta tratadora de aguas residuales, donde murieron intoxicados cinco trabajadores.
El 23 de noviembre del 2020, la regidora del PVEM, Fernanda Rentería Muñoz, presentó ante la ASE una denuncia de investigación de situación excepcional para que se investigue la concesión que tenía el SAPAL con la empresa ECOSYS III -la cual no fue renovada en septiembre del 2020- y por las omisiones “respecto a las descargas que realizan diversas industrias curtidoras”.
Después casi de ocho meses, el titular de la ASE, Javier Pérez Salazar, determinó realizar una auditoría específica a SAPAL por la ejecución y control del contrato de servicios de la empresa ECOSYS III.
La ASE hará la revisión porque hay irregularidades que pueden “traducirse en la actualización de las hipótesis previstas en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización”, que son: un daño a la hacienda pública, posibles actos de corrupción, riesgo de que se paralicen servicios públicos esenciales o afectaciones a áreas estratégicas.
El 23 de noviembre de 1993, el Ayuntamiento de León otorgó, a la empresa ECOSYS III, la concesión para el tratamiento de aguas residuales.
El 23 de septiembre del 2020, el SAPAL comenzó a operar la planta de tratamiento porque no renovó el contrato a ECOSYS. La empresa denunció que la infraestructura tenía daños por la falta de mantenimiento y por los desechos -fuera de norma- de la industria curtidora.
La noche del 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera fallecieron intoxicados -con ácido sulfhídrico- en el Módulo de Desbaste de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de SAPAL.
Las familias han denunciado que los trabajadores no contaban con el equipo, ni la capacitación necesaria y ahora el SAPAL se niega a indemnizarlos.
En la denuncia, Fernanda Rentería explica que SAPAL pagaba anualmente 100 millones de pesos a ECOSYS, pero lo “alarmante” fue, que para no renovar el contrato, el organismo difundió que la empresa “no estaba realizando el tratamiento del agua conforme lo marcan las normas oficiales”.
“La empresa ECOSYS IIl mencionó que -la calidad del agua- que estaba recibiendo no eran parte de la concesión, por lo no trató el agua de forma adecuada”, refiere la regidora.
“Se muestra un daño evidente al patrimonio del municipio ya que no se prestó un servicio que se cobra a miles de leoneses y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León ha sido omiso respecto a las descargas que realiza la industria curtidora”, expuso.
“Otro aspecto que pone en duda las operaciones por parte de este organismo es el acontecimiento lamentable que se presentó el 13 de noviembre del 2020, al morir 5 trabajadores que realizaban labores en la planta de tratamiento”, resaltó en la denuncia.
