Sandra Flores/León, Gto.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) debe ser sensible ante el dolor de las familias de los trabajadores que murieron intoxicados en la planta tratadora de aguas residuales, señaló la candidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos.
Lo anterior lo manifestó ante la lucha legal, en el ámbito penal y civil, que llevan las familias para que el SAPAL los indemnice por la muerte de los trabajadores.
“Siempre le he apostado al cumplimiento de la ley, si hay una obligación se debe de cumplir, desconozco la situación legal en este momento”, refirió.
Sobre el contrato de 1.2 millones de pesos, que SAPAL hizo con el abogado Juan Carlos Peña García, para que litigue contra las familias, la abanderada panista comentó que desconocía el sentido del contrato y no quería opinar sin tener elementos.
“Es muy doloroso lo que sucedió, trato de ponerme en los zapatos de la gente que perdió a un familiar, sus padres, sus hijos, sus esposos, es mucho el dolor el que deben estar sintiendo, pero los entes públicos deben estar apegados a derecho en su actuar”, refirió.
La noche del 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera murieron intoxicados por una fuga de ácido sulfhídrico.
El presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández; el director del organismo, Enrique de Haro Maldonado; y el propio alcalde panista de León, Héctor López Santillana, se han negado a indemnizar a las familias de los fallecidos.
Los directivos de SAPAL ofrecen entre 30 mil y 150 mil pesos, montos que la ley contempla en caso de un despido injustificado.
El 22 de septiembre del 2020, el SAPAL comenzó a operar la planta porque no renovó la concesión a ECOSYS III.
Los directivos del organismo, avalados por el alcalde, tomaron esta decisión porque ECOSYS reconoció que la planta de tratamiento tenía fallas por recibir “aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas” por parte de la industria curtidora.
El equipo mecánico, eléctrico y de procesos de tratamiento fue dañado por basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, denunció ECOSYS, en agosto del año pasado.