Carlos García/Guanajuato, Gto.- El ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso (2012-2015), el ex diputado del PAN –ahora alcalde de Purísima del Rincón-, Juventino López Ayala incurrió en un “posible conflicto de intereses” al aprobar la asignación de un contrato por 18 millones de pesos a DOMILOP, empresa donde tenía acciones y era representante legal.
El seis de noviembre del 2015, los integrantes de la Junta de Gobierno de la actual legislatura (2015-2018); los diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, Jorge de la Cruz Nieto, Isidoro Basaldúa Lugo y Beatriz Manrique Guevara hicieron observaciones sobre la construcción del nuevo Congreso, dentro del proceso de entrega-recepción.
En la minuta 9, quedó asentado que el diputado del PRI, Jorge de la Cruz Nieto detectó “el posible conflicto de intereses del ex presidente de la Junta de Gobierno y la empresa Constructora DOMILOP S.A. de C.V”.
En octubre del 2014, la Junta de Gobierno y la Comisión de Administración, entonces presididas por Juventino López, acordaron asignar un contrato de 18 millones de pesos a la empresa DOMILOP.
En el año 2010, Juventino López era comisario y apoderado legal de DOMILOP y en 2012, cuando fue postulado como candidato a diputado local, vendió las acciones que tenía en la empresa.
El 30 de junio del 2014, el entonces legislador dejó de ser el representante legal de la constructora y cuatro meses después DOMILOP fue beneficiada con el contrato para la adecuación y terminación de las instalaciones hidrosanitarias del nuevo Congreso.
El ex diputado local del PAN y presidente municipal de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala.
La minuta, de la cual Kuali tiene una copia, señala que los diputados observaron contratos subdividos, incumplimiento de contratos, atraso en la obra y la asignación de 19 contratos para reparar fallas del edificio legislativo.
La diputada del PVEM, Beatriz Manrique Guevara observó que dos empresas absorben el 54 por ciento de los contratos del nuevo Congreso, pero en la minuta no mencionan los nombres.
Por su parte, el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo señaló que “se presume que existen trabajos y conceptos duplicados, pagos excesivos, así como se presume el alza en precios de catálogo de conceptos”, estipula la minuta.
Agregó que fueron contratadas cuatro empresas que no están registradas en el padrón de proveedores del estado.
Las observaciones hechas fueron turnadas a la Contraloría Interna “para que realice lo conducente a fin de que sean complementadas o solventadas las observaciones y se deslinden presuntas responsabilidades en su caso”, señala el documento.
En el año 2008, el nuevo edificio legislativo fue presupuestado en 138 millones de pesos, pero a la fecha no ha sido concluido y se han invertido más de 700 millones de pesos.
El edificio presenta fallas estructurales y desplazamientos de tierra que obligaron a los diputados a gastar 11 millones de pesos en la colocación de gaviones.
El estacionamiento subterráneo presenta inclinaciones y filtraciones de agua que provocaron que muebles de más de 400 mil pesos se echaran a perder.
El Poder Legislativo erogó 7 millones 496 mil pesos para comprar 18. 7 hectáreas, ubicadas en el túnel de Enredaderas y por el proyecto ejecutivo del edificio pagó 9 millones 430 mil pesos a Teodoro González de León Arquitectos.
Después el Congreso pagó casi 2 millones 150 mil pesos a María Eugenia Pineda Velázquez para que modificara el proyecto de Teodoro González.
El edificio tiene un salón de pleno para 528 personas, cinco salas para las comisiones, un salón de usos múltiples para 450 personas, 36 oficinas para cada uno de los legisladores, oficinas para asesores, espacios administrativos para 250 trabajadores, 359 cajones de estacionamiento y vialidades internas.
