Carlos García/ León, Gto.-El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) declaró nula la concesión que entregó el gobierno de León a la empresa Red Recolector para la recolección de basura, por un periodo de 20 años.
El 16 de mayo del 2014, el ayuntamiento aprobó contratar a Red Recolector y Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (Gisa), la decisión dejó sin empleo a más de 100 pequeños empresarios y a 300 trabajadores de limpia.
Por la recolección diaria de mil 400 toneladas de desechos, el gobierno de León pagaba 89 millones de pesos al año; ahora el servicio costará alrededor de 160 millones de pesos.
La empresa JS Hermanos inició el juicio administrativo 1029/4° Sala/14 contra el fallo de la licitación que beneficio a Red Recolector. Demandó la nulidad del proceso porque la autoridad no fundó, ni motivo porque su propuesta fue rechazada en el proceso de licitación.
El TCA resolvió que “es procedente declarar la nulidad de la resolución de fecha 16 de mayo de 2014, emitida por el ayuntamiento de León”.
El presidente municipal interino de León, Octavio Villasana Delfín anunció que el ayuntamiento tramitará un amparo contra la nulidad de la licitación decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
“Es preocupante, sin embargo, esto está en proceso y el municipio tendrá también que ejercer su derecho de réplica, en ese sentido tendrá que ir encaminado esto y agotaremos todos los recursos jurídicos válidos”, adelantó.
La denuncia
El año pasado, las personas que se quedaron sin empleo, por la asignación de la concesión a Red Recolector y a Gisa, realizaron múltiples marchas y frente a la Presidencia Municipal instalaron un plantón con un ataúd por el “asesinato” de cientos de empleos.
El 14 de julio del 2014, seis diputados del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron penalmente a la entonces alcaldesa priísta de León (candidata a diputada federal plurinominal), Bárbara Botello Santibáñez por tráfico de influencias, concusión (pedir remuneración), abuso de autoridad y administración fraudulenta.
El Ministerio Público integró la averiguación previa 17794/2014. Los legisladores acusaron a Botello d emitir una licitación “amañada” que causaría un daño patrimonial al gobierno local.
“Hay un beneficio desmedido para dos empresas y esto no se justifica”, acusó en esa ocasión el diputado federal, ahora secretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Rodríguez Vallejo.
