Kuali/Guanajuato, Gto.-En el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifiestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad que padecen menores de edad en el estado. Rubros como la pobreza, la educación y la salud exhiben la limitación de programas sociales en favor de la infancia guanajuatense.

El 51.3 por ciento de guanajuatenses entre 0 y 17 años de edad sufren pobreza o pobreza extrema; son más de un millón de niños y niñas. La entidad ocupa el lugar 17 a nivel nacional en ese rubro, señala el más reciente estudio (2014) realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) y el Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas para el Desarrollo Social (CONEVAL).

En cada uno de los estados de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Jalisco, hay más de un millón de personas de 0 a 17 años en situación de pobreza (moderada y extrema), de manera que dichas entidades concentran 57.6 por ciento de toda la población infantil y adolescente en pobreza del país.

Los datos nacionales difundidos por el estudio de UNICEF y CONEVAL ilustran que para 2014, un 53.9 por ciento de la población de 0 a 17 años en México, es decir, 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes, se encontraba en situación de pobreza.

Una de cada dos personas menores de 18 años carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales: educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda o acceso a la alimentación.

Guanajuato está entre las entidades promedio en ese rubro, apenas por arriba de la media nacional, pero sobresale entre las cinco con mayor número de menores en situación de pobreza y pobreza extrema, al contar con un millón 189, según datos de 2014.

Educación

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, datos de 2012 y pendientes los resultados de la aplicada en 2016, señala que el 96.0 por ciento de los niños de 6 a 14 años asistía a la escuela, en tanto que entre los individuos de 15 a 24 años este porcentaje bajaba a 32.8 por ciento.

El primer caso está en el rango del promedio nacional; mientras que el porcentaje de individuos de 15 a 24 años que asistía a la escuela fue menor al nacional en aproximadamente 8 puntos porcentuales. El promedio de años completos de escolaridad en los individuos de 15 años o más en la entidad fue de 7.5 años, 10.7 por ciento  inferior a los 8.4 años del promedio nacional. En ese sentido, mientras la población analfabeta de 15 años o más tenía una proporción de 7.0 por ciento en el país, en el estado ese porcentaje fue 1.2 veces mayor, pues llegó a 8.3 por ciento. En

Salud

La ENSANUT 2012 destaca que la cobertura del refuerzo documentado de vacuna contra difteria, tosferina y tétanos (DPT) en niños de 5 a 6 años fue de 91.2 por ciento, lo que representó una tasa de abandono en la aplicación de este refuerzo de 8.8 por ciento inferior a la tasa nacional de abandono de 9.3%.

Salud reproductiva

En 2016, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) registró 115 mil nacimientos y el 22 por ciento (alrededor de 25 mil) son hijos de madres adolescentes

Del 15 al 10 por ciento del total de embarazos adolescentes corresponden a madres de entre 10 y 13 años. Son datos insertos en un universo de un millón 148 mil guanajuatenses de entre 10 y 19 años

En ese año la dependencia registró 34 muertes maternas, tendencia a la baja que no ha podido evitar que entre las víctimas se registraran menores de edad. El caso de una niña irapuatense de 10 años de edad que murió al dar a luz, muestra esa realidad.

Violencia sexual

El Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), indica que más del 90 por ciento de los delitos sexuales que cuentan con una averiguación previa en Guanajuato, no llegan a tribunales. Es el estado con una diferencia más marcada entre los casos que se presentan ante el Ministerio Público y los que terminan en un juicio.

El estudio acusa el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Salud, el Instituto de la Mujer o la Secretaría, y la Subsecretaría de Trabajo y previsión social de Guanajuato no entregaron la información solicitada sobre la atención a víctimas.

Señala que entre enero del 2010 y junio del 2015 se realizaron 7 mil 818 averiguaciones previas por delitos sexuales y el Poder Judicial dice contar en ese periodo solamente con 746 expedientes. Sin embargo, por delito hay diferencias más marcadas que van del 80 por al 98 por ciento de casos que no llegan a los juzgados.

La estadística del diagnóstico indica que mil 863 menores de entre 0 y 15 años de edad denunciaron violencia sexual en la entidad en ese lapso, lo que exhibe altos niveles de agresiones a niños y niñas en la entidad.

Llaman de manera especial la atención los casos de violencia sexual contra menores de edad en escuelas, en donde se ha señalado a docentes y sacerdotes como presuntos responsables de ese tipo de actos.

Casos como el de una escuela secundaria pública de la capital del estado, o los protagonizados por el sacerdote católico Raúl Villegas, quien impartía clases en un plantel privado son consecuencia de una fallida política de educación en torno a la sexualidad en Guanajuato.

Por lo anterior, manifestamos:

Las autoridades de nuestro país, y en lo que responde a las de Guanajuato, deben atender las problemáticas antes mencionadas y cumplir lo dispuesto en tratados internacionales signados por el gobierno mexicano, deben dejar de ser derechos de papel, para convertirlos en realidad.

Existen recomendaciones puntuales de organismos internacionales, nacionales, gubernamentales y de la sociedad civil que dan las pautas a seguir para lograr un cambio de paradigma ahora basado en un enfoque de derechos.

El Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas (Pinheiro, 2006), por ejemplo, recomienda de manera específica:

• Asegurar que la institucionalización sea siempre el último recurso en caso de violencia contra menores.

• Asegurar la calidad del personal y de la capacitación que atienden estos rubros.

• Sensibilizar a la policía, agencias de referencia, abogados, jueces, administradores de las instituciones y a todo el personal que trabaja en ellas. 

• Revisar las medidas de protección y las decisiones de internamiento de manera regular.

 • Asegurar la existencia de mecanismos efectivos, sencillos, seguros y accesibles para los niños y las niñas, de denuncia, investigación y aplicación de la ley. 

• Asegurar la supervisión a las instituciones.

• Registro y recopilación de datos de los niños y niñas internados.

Como institución política, el PRD exige un eficiente combate a estos rezagos y desde sus espacios legislativos y de gobierno, trabaja por mejorar las condiciones económicas, sociales, educativas y de salud de nuestros niños y nuestras niñas.

Resulta absurdo e inmoral seguir implementando programas con carácter asistencial y corporativo, que tienen como propósito esencial captar ciudadanos con un propósito electoral en vez de desarrollar políticas públicas que respondan a  solucionar problemas sociales graves.

Resulta prioritario que el gobierno estatal deje de lado sus dogmas ideológicos y haga una labor institucional realista si se quiere en realidad incidir para tener una sociedad con un tejido social reconstruido y sólido y con ello  cambiar la vida a nuestros niños y niñas.