Carlos García/Guanajuato, Gto.- El Congreso aprobó interponer 10 denuncias penales, 16 civiles y 23 administrativas contra funcionarios  del gobierno priísta de León (2012-2015), por un presunto daño de 4.2 millones de pesos en contratos con “empresas fantasmas”.

En la misma sesión, fueron aprobadas dos auditorías al programa Escudo -donde el gobierno del estado asignó un contrato directo de 2 mil 700 millones de pesos a la empresa Seguritech-, sólo con ocho denuncias administrativas.

Las denuncias penales, civiles y administrativas por las auditorías al gobierno de la ex alcaldesa priísta, Bárbara Botello Santibáñez y las administrativas por Escudo,  fueron aprobadas por mayoría, y desataron un debate entre diputados del PAN contra legisladores del PRI y PRD.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) pone como presuntos responsables de ilícitos –no  especifica los delitos- al ex tesorero, Roberto Pesquera; al ex secretario particular del Tesorero, al ex director de Egresos,  al ex director Jurídico de Tesorería, al ex director de Movilidad y al ex director de Turismo.

Para la ASE hubo un daño de 580 mil pesos y un ilícito por la contratación de la empresa Asesores y Gestiones del Pacífico porque no fue acreditado que realizará una auditoría en el rubro de adquisiciones. El órgano fiscalizador del Congreso afirmó que la empresa no fue localizada en su domicilio fiscal.

El gobierno de León pagó 465 mil pesos a la empresa Servicio Opcionales de Guanajuato para la ejecución de una auditoria a los talleres mecánicos y para la ASE “no se apegan a lo establecido  a la propuesta de servicios”. Tampoco fue localizada en el domicilio fiscal.

La Tesorería pagó otros 465 mil pesos a la empresa Participación de Proyectos para que auditara el rubro de recursos humanos, pero el trabajo tampoco se apegó al programa contratado, señaló la Auditoría Superior del Estado.

La Dirección de Turismo pagó 660 mil pesos al Grupo Asesor Comisionista por un estudio de movilidad turística en zonas rurales y “no se proporcionó evidencia de las entrevistas que sustenten los trabajos realizados”, señala la auditoria.

El resto de las denuncias penales son por montos de 127 mil 600 pesos, 197 mil 200 y 336 mil 400 pesos.

La diputada priísta, Guadalupe Velázquez Díaz, acusó a los políticos del PAN de realizar una persecución partidista contra la ex alcaldesa y actual diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez.

“Dónde están las conductas criminales, dónde está el robo, dónde está el fraude, donde está el enriquecimiento ilícito. Midan a todos igual, con la vara de la justicia”, cuestionó.

 “Estaré muy contento que se inicie un juicio de desafuero contra la diputada, Bárbara Botello Santibáñez”, externó en tribuna el coordinador de los diputados del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Los priístas cuestionaron porque no se hizo nada con la empresa fantasma de Cereal y Pastas Finas – creada por el ex secretario de Desarrollo Económico y actual alcalde de León, Héctor López Santillana; en el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez- , para comprar las tierras de la fallida refinería, donde se gastaron casi mil millones de pesos.

En el caso de Escudo, el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, criticó que la ASE diga que todo está bien, cuando es evidente que el programa no funciona.

“Si tanta funcionalidad tuviera, entonces porque día con día va en aumento la delincuencia, porque cada día tenemos más miedo de caminar en la calle, tenemos temor en nuestros domicilios. Escudo no funciona”, señaló. Los panistas subieron a tribuna a defender el programa operado por el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.