Carlos García/ Guanajuato, Gto.- El Congreso del Estado aprobó interponer 16 denuncias penales, 28 civiles y 55 administrativas por daños que ascienden casi a los 17 millones de pesos, detectados en el gobierno (2012-2015) de San Miguel de Allende, que encabezó el alcalde emanado del PRI-PVEM, Mauricio Trejo Pureco.

La denuncias del Congreso se suman a las 13 querellas por presuntos fraudes, interpuestas por el actual presidente municipal panista (2015-2018), Ricardo Villarreal García.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó una revisión a los gastos realizados en los ejercicios fiscales 2013 y 2014, donde determinó fincar responsabilidades penales y civiles por la compra con sobreprecio de 2 mil 500 luminarias. El gobierno de Trejo Pureco pagó 7 millones 366 mil pesos por las lámparas.

Los legisladores ordenaron poner una denuncia penal porque se pagó un millón 20 mil pesos para el arrendamiento de maquinaria y equipo, pero los trabajos no fueron realizados.

Para la ASE se configuró un delito y una responsabilidad civil porque fueron pagados casi 5 millones de pesos a Proyectos y Desarrollos Edjosa, a Hecho en Guanajuato, a Regarro del Bajío y a Proveedora de Enseres, Suministros y Servicios Pess; sin que proporcionaran información que justifique el gasto, la adjudicación, garantías, contratos, términos de referencia, presupuesto, estimaciones, bitácora, ni el producto final.

El Poder Legislativo determinó poner una querella por un pago de 520 mil pesos a la empresa INVERMEC, porque no existe un contrato, ni documentos que acrediten el uso y destino del dinero.

La administración local sufrió un daño por 406 mil pesos, que constituye un presunto delito y una responsabilidad civil, porque no se acreditó la reparación de las canchas, estipuladas en un contrato.

El gobierno de Mauricio Trejo pagó 626 mil 400 pesos por el Proyecto Ejecutivo del Parque Lineal, que es una copia de un proyecto que había sido elaborado por otra administración. Por este caso se ordenó poner una querella y una demanda civil.

En la revisión se detectó que se pagaron injustificadamente casi 520 mil pesos por el Proyecto Ejecutivo para la Imagen Urbana de la Salida a Celaya, cuando el proyecto ya existía y había sido pagado.

El entonces jefe del Departamento de Informática “solicitó el pago por la adquisición de bienes informáticos y servicios de mantenimiento” prestados por su concubina Jessica Paola Trejo Ceballos, conducta que constituye un delito, señaló la ASE.

El Congreso ordenó una demanda civil por el gasto de 133 mil 980 pesos pagados a la empresa INVERMEC para que hiciera un estudio de opinión sobre el posicionamiento del alcalde, Mauricio Trejo y “no de manera institucional del gobierno municipal”.

Entre las denuncias penales, destaca la  erogación  de 31 mil 700 pesos  por el concepto de apoyo ciudadano, pero el supuesto beneficiario no recibió el dinero.

El gobierno municipal pagó  servicios a sobre precio por  70 mil 817 pesos a los Talleres de Servicios Integrales de Allende, también erogó más de 80 mil pesos para la reparación de vehículos inservibles y la empresa emitió facturas cuyos conceptos no  coinciden con las órdenes de trabajo, situaciones que constituyen un delito, señala la revisión de la ASE.

Otra denuncia penal es por el pago de casi 110 mil pesos para el mantenimiento de vehículos particulares del Director de Obra Pública, del Subdirector Operativo de Obra Pública, del Director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, del Director de Servicios Públicos, del encargado del taller mecánico y del Coordinador Operativo de Oficialía Mayor.