En un acto realizado en Viena (Austria), especialistas en temas de libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Africana de Derechos Humanos y otras agencias y organizaciones mundiales, emitieron la denominada Declaración Conjunta de 2017, que analiza el fenómeno de la desinformación, la propaganda y las noticias falsas (fake news).
Edison Lanza, relator de CIDH, sostuvo que “la desinformación y la propaganda afectan intensamente a la democracia: erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las personas a buscar y recibir información de todo tipo, y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad”.
Por ello, reconocemos las iniciativas de la sociedad civil y los medios de comunicación para identificar noticias deliberadamente falsas, desinformación y propaganda, y generar conciencia sobre estas cuestiones. No obstante, resulta, preocupante que los gobiernos utilicen el fenómeno de las llamadas noticias falsas o fake news como una excusa para censurar a la prensa independiente y suprimir el disenso.
Se dio a conocer la problemática de los esfuerzos realizados por los estados y el sector privado para enfrentar la desinformación y propaganda, corriendo el riesgo de suprimir la libre circulación de ideas y la divergencia, de forma contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Entre las personalidades firmantes de la declaración destaca el relator de las Naciones Unidas para Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, la representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para los Medios de Comunicación (OSCE), Dunja Mijatovic, y la relatora de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Faith Pansy Tlakula.
Según el documento, los medios de comunicación y los periodistas deberían según corresponda, apoyar sistemas efectivos de autorregulación a nivel de sectores de medios específicos (como órganos profesionales) o en el pleno de los medios audiovisuales (Ombudsman o Editores Públicos), que incluyan estándares para propiciar la veracidad de las noticias, entre otras cosas contemplando el derecho de rectificación y/o réplica en el caso de hechos incorrectos en los medios de comunicación.
El informe considera que los medios de comunicación deberían evaluar la posibilidad de ofrecer una cobertura crítica de la desinformación y la propaganda como parte de sus servicios de noticias, lo cual sería congruente con su rol de vigilancia en la sociedad, sobre todo en periodos electorales y en debates sobre temas de interés público.
También se reconoce en el documento el rol transformador de Internet y otras tecnologías digitales al facilitar que las personas puedan acceder a información e ideas y difundirlas, lo cual posibilita las respuestas a la desinformación y a la propaganda aunque, a la vez, facilita su circulación.
Dentro del entorno propicio para la libertad de expresión, considera que los estados deberían considerar otras medidas para fomentar la igualdad, la no discriminación, la comprensión intercultural y otros valores democráticos, incluso con el objeto de abordar los efectos negativos de la desinformación y la propaganda.
¡Hasta el próximo encuentro…!
Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez
