Carlos García/Romita, Gto.-Los gobiernos priístas de Apaseo el Grande y de Romita incurrieron en violaciones a los derechos humanos, al no brindar la suficiente protección a un niño de 13 años y a un joven de 26 años que se suicidaron en el interior de las cárceles municipales.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió cinco recomendaciones al presidente municipal interino de Apaseo el Grande, Ramón Gaudencio Jiménez Hernández y seis al alcalde de Romita, Rogelio López López.
El 30 de abril, Derechos Humanos inició la queja 123/15-A porque en el interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Romita, murió el niño de 13 años, Jaime Márquez Huerta.
El menor de edad de ahorcó con una cobija después de ser arrestado en la colonia Los Arcos, fue acusado de intoxicarse en la vía pública.
El ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera recomendó al alcalde, Rogelio López que sancione a los oficiales calificadores, Armando Jaramillo Lozoya, Luis Enrique Ibarra Laguna y al policía, Rufino Villagómez Gómez.
El munícipe debe colocar un sistema de circuito cerrado en los separos, elaborar un reglamento de separos “que establezca de manera precisa las funciones, obligaciones y protocolos a seguir por parte del personal”, solicitó la PDHG.
La cárcel debe tener personal médico y los servidores públicos de los separos deben ser capacitados en derechos humanos, estipulan las seis recomendaciones.
Apaseo el Grande
El 24 de marzo, el procurador de los Derechos Humanos inició el expediente 51/15-C por la muerte de Humberto Cruz García, en el interior de la cárcel municipal de Apaseo el Grande.
El joven de 26 años fue arrestado por escandalizar en la calle y en el interior de los separos se suicidó ahorcándose con una cobija.
El presidente municipal interino de Apaseo el Grande, Ramón Gaudencio Jiménez Hernández debe sancionar al policía, Valentín Morales Pérez; al coordinador del área de separos preventivos, a la coordinadora de Oficiales Calificadores, Guadalupe Ávila Mancera y a la oficial calificador, Sandra Galván Cervantes, solicitó el ombudsman.
La cárcel debe tener un sistema de video vigilancia y personal médico con el propósito de garantizar que previo a su ingreso les sea practicado un examen médico a todas las personas sujetas a detención”, señalan las cinco recomendaciones.
