Carlos García/León, Gto.-Dos comerciantes ambulantes iniciaron una huelga de hambre porque la policía e inspectores de comercio, del gobierno panista de León, los golpean, arrestan y  tiran la mercancía, para  impedir  que vendan churros, donas, tortas y semillas, en las estaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Unos 70 comerciantes realizaron una marcha, desde la estación Delta hasta la Presidencia Municipal, para exigirle al alcalde panista de León, Héctor López Santillana, que cese los abusos de autoridad y las violaciones de derechos humanos.

Al llegar al Palacio Municipal, dos comerciantes iniciaron una huelga de hambre. A la protesta se sumaron vendedoras indígenas, que han sido víctimas de discriminación, abusos de autoridad y arrestos arbitrarios.

Los rayos del sol azotaban los rostros de los vendedores, José Jiménez Sánchez y Jorge Bustos Vargas,  quienes iniciaron la huelga de hambre frente a la Presidencia Municipal, que fue cerrada y acordonada por policías.

Los compañeros de los huelguistas comenzaron a llevarles sueros y consiguieron una sombrilla para que se protegieran del sol. Después de varias horas, personal de Protección Civil checó la presión y los niveles de glucosa de los comerciantes.

Foto: Carlos García.

“No nos vamos ir hasta que nos dé la cara Santillana, no nos deja trabajar, tengo varios hijos y ahorita no tengo dinero para darles de comer”, comentó José Jiménez.

Denunció que  en tres ocasiones, inspectores de comercio, lo han golpeado para quitarle o tirarle la mercancía y el viernes pasado, su hermano fue atacado con una chicharra de toques eléctricos.

“En una ocasión querían cobrarnos 5 mil pesos por dejarnos salir a siete de los separos, después fue un licenciado y sólo nos cobraron 200 pesos, fueron cuatro mujeres y tres hombres”, narró.

Los abusos de autoridad, las lesiones, los daños a la mercancía han sido denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG), pero no han hecho nada, recriminó.

“Ya estamos hasta la madre de los operativos agresivos, ya meten a la policía, sino somos delincuentes para que nos traten así, estamos cansados, ayer y hoy ya no pudimos vender”, comentó, Jorge Bustos.

El gobierno de León, a través del líder de los transportistas, Daniel Villaseñor, acusa a los ambulantes de vender droga para justificar la represión, lamentó el comerciante y padre de cuatro hijos.

“Son servidores públicos, están para atender al pueblo y hacen lo contrario, ya estamos hasta la madre de este pinche gobierno que sólo piensa en la gente de billetes”, externó.

A la protesta se sumaron, vendedoras de origen

Foto: Carlos García.

otomí, porque el gobierno también les impide ganarse la vida lícitamente.

“No nos dejan trabajar, nos humillan porque somos indígenas, dicen que vendemos drogas, si vendiéramos droga, no estaríamos aquí. Nos han golpeado, nos agreden, nos quitan la mercancía y más porque somos indígenas”, denunció una comerciante otomí.

Lamentó que el Congreso del Estado, ni Derechos Humanos intervengan, a pesar de que han pedido ayuda.

En abril del 2016, ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, líderes indígenas denunciaron que el gobierno de León los trata como “criminales”  por vender comida en las estaciones del SIT.

De enero a octubre del 2016, la PDHG recibió ocho quejas de indígenas contra personal de las direcciones de Movilidad y de Comercio.

Incluso emitió una medida precautoria para garantizar la integridad física de la otomí, María Elena Secundino, discriminada y golpeada por personal de la Dirección de Movilidad por vender dulces en la estación Delta.