Carlos García/, León, Gto.- Es ilegal que los inspectores de Comercio del gobierno de León porten chicharas eléctricas y las usen contra los vendedores ambulantes del Sistema Integrado de Transporte (SIT), señaló la regidora, Norma Patricia López Zúñiga, quien adelantó que solicitará ante el Ayuntamiento que  ordene una investigación a fondo.

El 24 de marzo, un grupo de comerciantes ambulantes realizaron una manifestación, en la presidencia municipal, para denunciar que inspectores de mercado los golpearon y aplicaron descargas eléctricas, para que dejaran de vender comida en la estación de San Juan Bosco.

“¿Por qué traen artefactos de descargas eléctricas?, eso es ilegal, los inspectores de mercados no tienen facultades para traer esas herramientas y mucho menos dañar a los ciudadanos, es una forma brutal de hacer su trabajo”, señaló la regidora.

Agregó que  los inspectores  incurren en una ilegalidad y en un abuso de poder, al portar las chicharras y usarlas contra los vendedores de churros, donas, tortas y semillas.

“Más allá de la investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría tendrá que investigar el caso de oficio, sin necesidad de que yo, ni los comerciantes pongan una queja”, consideró.

EL Ayuntamiento tiene que intervenir en este caso, se debe ordenar una investigación para determinar si las chicharras son proporcionadas por los superiores de los inspectores o ellos los portan sin la anuencia de los jefes, refirió López Zúñiga.

“Los insumos de la Dirección de Comercio y Consumo pasan por la Comisión de Economía (del Ayuntamiento) y nunca se han aprobado y no hubieran pasado porque ellos no son elementos de seguridad y aunque fueran, ese tipo de artefactos no están autorizados”, reveló la edil.

Lamentó que el presidente municipal, Héctor López Santillana, no permita que los vendedores trabajen e intensifique operativos, donde participa la policía, para evitar que los comerciantes ingresen a las instalaciones del SIT.

El alcalde argumenta que los ambulantes estorban y que son un peligro para los usuarios del transporte público.

“La gente necesita oportunidades, son gente honesta que no comete ningún delito, ni mucho menos que perjudican a los usuarios”, dijo Norma Patricia López.

En vez de abusar de los comerciantes, la Dirección de Movilidad y de Policía deben implementar operativos de seguridad para detener a una red de carteristas que operan en las unidades del transporte, recomendó.

“Los comerciantes no se merecen ese trato, no son delincuentes”, concluyó.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) ha integrado 17 quejas contra el gobierno de León por abusos cometidos contra comerciantes locales e indígenas, quienes han sido golpeados, arrestados y discriminados, por vender comida en las estaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

El año pasado, Derechos Humanos recibió 16 quejas y en marzo del 2017, abrió una investigación por oficio contra inspectores de Comercio que golpearon y aplicaron descargas eléctricas a vendedores ambulantes.