Carlos García/León, Gto.- El gobierno de León ocupa el primer lugar estatal en quejas por violaciones a derechos humanos de indígenas, de 42 expedientes integrados en los últimos ocho años, el 40 por ciento son contra autoridades leonesas.
Del 2008 a septiembre del 2016, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) recibió 42 quejas de indígenas contra los gobiernos municipales de León, Guanajuato, Tierra Blanca, San Luis de la Paz, Comonfort, San Miguel de Allende y Celaya.
La PDHG abrió 17 quejas contra autoridades de León, 13 contra el gobierno de Guanajuato, cuatro contra funcionarios de Tierra Blanca y ocho contra el resto de las autoridades municipales antes mencionadas.
En ocho años, el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera emitió 32 recomendaciones por la violación a los derechos humanos de indígenas quienes denunciaron arrestos arbitrarios, discriminación, ejercicio indebido de la función pública, violaciones a la seguridad jurídica y al derecho de petición.
En lo que va del 2016, la Procuraduría de los Derechos Humanos integró ocho quejas de indígenas, todas contra personal de la Dirección de Movilidad y la Dirección de Comercio del gobierno de León, encabezado por el alcalde panista, Héctor López Santillana.
De los ocho expedientes, el momento el ombudsman emitido una medida precautoria para que se garantice la integridad física de la otomí, María Elena Secundino discriminada y golpeada por personal de la Dirección de Movilidad –del Grupo Halcón, integrado por ex policías que reprobaron las pruebas de control- por vender dulces en la estación Delta del Sistema Integrado de Transporte (SIT).
El titular de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés ha reconocido que los 40 integrantes de su grupo “Halcón” opera al margen de la ley al ejercer funciones de seguridad y comercio.
“Esos elementos vienen de no pasar las pruebas de confianza y los mandaron a la Dirección de Movilidad, desarrollando actividades de vigilancia en paraderos y estaciones, cuando Movilidad no tiene atribuciones en materia de seguridad y tampoco en control de mercados”, aceptó el funcionario en abril.
En ese mismo mes, el integrante del Consejo Municipal Indígena, Margarito Sánchez Hernández denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que el gobierno de León los criminalizaba, golpea, arresta y discrimina por vender papás y semillas en las estaciones del SIT.
Se cuestionó al procurador de Derechos Humanos si debe desaparecer el grupo “Halcón” al operar al margen de la ley y dijo que “la actuación del servidor público debe estar apegada a la norma, las recomendaciones por ahí han ido”.
El personal de Movilidad y Comercio no tienen facultades para detener personas y se ha pedido al municipio que instaure procedimientos administrativos contra los funcionarios que actúan al margen de la ley, dijo Rodríguez Junquera.
“Las funciones de Movilidad y Comercio están muy claras, parte de los problemas se han suscitado porque llegan sin agotar el procedimiento, no se levantan actas, muchas veces se decomisa producto, muchas de estas acciones han sido contrarias a la ley”, dijo el ombudsman.
