Carlos García/León, Gto.-El Ayuntamiento de León creó una comisión que emitirá un nuevo fallo de la licitación para la recolección de basura, hecha en el gobierno priísta (2012-2015).
El 16 mayo del 2014, Red Recolector y Gisa ganaron la concesión por 20 años, pero las empresas que prestaban el servicio tramitaron un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
El gobierno de León pagaba 89 millones de pesos anuales por la recolección diaria de mil 400 toneladas de basura, pero con Red Recolector y Gisa el monto aumentó en 160 millones de pesos.
En el juicio de nulidad 1029/4taSala/14, el TCA ordenó al cabildo reponer el fallo de la licitación y la comisión creada analizará cada una de las propuestas hechas por las empresas que participaron en el proceso hecho en el gobierno de la alcaldesa priísta, Bárbara Botello Santibáñez.
El alcalde panista de León, Héctor López Santillana y el síndico blanquiazul, Carlos Medina Plascencia, no podrán votar en el nuevo falló porque tienen y tuvieron relación con las empresas involucradas en el proceso.
“Una de las empresas, para ser específico, Profesionales en Mantenimiento y Limpieza, tienen una relación de parentesco con un servidor. Uno de los socios, muy puntual mente es el señor Antonio Bujaidar Solís”, reconoció Héctor López Santillana al ser cuestionado por el regidor priísta Salvador Ramírez Argote.
El presidente municipal explicó que el TCA anuló el falló de la licitación porque no estaba fundado, ni motivado como marca la norma.
El síndico Carlos Medina Plascencia dijo que tampoco podría votar porque hasta el año 2014, fue asesor y consejero de Red Recolector.
En la sesión, Ramírez Argote dijo que la Comisión tenía tres opciones ratificar a los ganadores de la licitación, otorgar la concesión a otras empresas o declarar desierta la licitación.
El cambio de concesionarios dejó sin empleo a unas 900 personas, entre trabajadores y pequeño empresarios, recordó el presidente de la Asociación de Contratistas del Servicio Público de Limpieza, Víctor Castillo Zacarías.
“Nosotros salimos a las calles a manifestarnos porque ya sabíamos que iba a ganar Red Recolector, ya venía dirigida esa licitación”, comentó.
Agregó que en su momento se habló de un “moche” de 90 millones de pesos para entregar la concesión a Red Recolector y a Gisa.
El 14 de julio de 2014, seis diputados del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron penalmente a la entonces alcaldesa priísta, Bárbara Botello Santibáñez, por tráfico de influencias, concusión (pedir remuneración por el contrato), abuso de autoridad y administración fraudulenta.
En la averiguación previa 17794/2014, los legisladores argumentaron que la alcaldesa emitió una licitación amañada que dañaba el patrimonio municipal.
