Carlos García/León, Gto.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió una medida precautoria para que el gobierno de León no vulnere los derechos de cuatro activistas  criminalizados por protestar contra el incremento de un 30 por ciento al transporte.

El ombudsman, Raúl Montero de Alba abrió el expediente 2/17-A por las declaraciones del alcalde de León, Héctor López Santillana  donde acusó a los manifestantes de violentos y de incitar al delito.

También por el fichaje que hizo la Secretaría de Seguridad Pública de ocho activistas, cuyas fotografías y nombres fueron publicados en el periódico AM.

“Identifican a impulsores de protestas”, señala la cabeza de la publicación y el texto dice que las fichas detallan “el grado de beligerancia de cada uno, su disposición al diálogo y las causa por las que se manifiestan”.

“Se solicitaron a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado las medidas precautorias en favor de cuatro activistas y defensores de derechos humanos”, detalló el ombudsman, a través de una ficha informativa.

Los activistas fichados por el gobierno de León son: Visente Hernández Barrios, Adolfo Enríquez Vanderkam, Roberto Sucedo Pimentel, Ricardo Gómez Escalante, Jaime Herrerías, Rodrigo González Zaragoza, Gabriela Arriola y Yolanda Martínez Ortiz.

“Se investiga posibles violaciones a derechos humanos tales como a la libertad de expresión y presunción de inocencia”, difundió.

La PDHG envió a los activistas un oficio donde les proporciona el teléfono del Director Operativo de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública para que se comuniquen con él en caso “de requerir auxilio ante algún evento que atente contra su esfera personal y de derecho”.