Carlos García/Salamanca, Gto.-El viernes fueron privados de la libertad cinco personas y dos menores de edad originarios de dos comunidades del municipio de Salamanca, confirmó el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.

El lunes y el martes, familiares de las víctimas y ciudadanos bloquearon la autopista Irapuato-Querétaro para exigir la localización de las personas secuestradas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integró la carpeta de investigación 24585/16 por la privación ilegal de la libertad de Saúl Arce Ramírez, de 46 años de edad;  de Mario Ramírez Salazar e Israel Ramírez, de 21 años cada uno;  de Víctor Gallardo Ramírez, de 48 años; de Juan Paulino Miranda Romero, de 27 años; y  de Julio César y Óscar, hermanos de 16 y 17 años de edad.

La noche del viernes 19 de agosto, los cinco adultos y los dos menores fueron raptados por un grupo de hombres, cuando convivían en una vulcanizadora instalada en el camino que conduce a la comunidad de Cerro Gordo.

La mañana de este miércoles, el procurador de Justicia se reunió con los familiares de las víctimas, al final de la plática confirmó que los cinco adultos y los dos menores “fueron privados ilegalmente de su libertad”.

“Estamos ante un caso de siete personas privadas de la libertad, verter cualquier detalle del avance que ya tenemos, pondría en riego la investigación y la vida de estas personas”, comentó el fiscal.

Reconoció que es la primera vez que en Guanajuato se registra un secuestro masivo.

Ante los rumores de que las víctimas habían sido detenidas por autoridades federales, Carlos Zamarripa Aguirre reveló que corroboraron que no fueron aprendidos por policías municipales, estatales o federales.

“Yo si fuera familiar, no estaría conforme hasta que mi familiar estuviera conmigo y desde luego es lo que las autoridades tenemos que brindar, un resultado en este sentido”, expresó.

Sobre los bloqueos realizados a la autopista Irapuato-Querétaro, el procurador de Justicia reveló que detectaron a personas que son unos “charlatanes, que juegan con el dolor” de las familias de las víctimas.

 “Hemos dado parte a las autoridades federales para que hagan las investigaciones correspondientes y finquen responsabilidades a estas personas que lucran con el dolor ajeno, de otros personajes ajenos a la comunidad, ajenos a los familiares y que por supuesto que su interés es muy diverso a querer ayudar”, externó.

El titular de la PGJE descartó que exista algún proceso penal contra los familiares de las víctimas que bloquearon la carretera federal.