Carlos García/Guanajuato, Gto.-Del año 2008 al 2016, las quejas por agresiones contra reporteros aumentaron en un 100 por ciento y desde hace casi tres años el Congreso tiene “congelada” la iniciativa de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

En los últimos nueve años, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) integró 42 quejas por agresiones contra periodistas, que van desde amenazas, bloqueo informativo, suspensión de difusión oficial, arrestos y daño físico.

En el año 2008, la PDHG abrió cinco investigaciones; en 2009, tres; en 2010, cinco; en 2011, dos; en 2012, dos; en 2013, cinco; en 2014, tres; en 2015, siete y en 2016, 10. En lo que va del 2017, el organismo investiga cuatro agresiones contra periodistas.

De los 42 expedientes de quejas, Derechos Humanos emitió 30 recomendaciones, 10 fueron contra el gobierno de León; siete, contra el gobierno de Silao; cuatro, contra el gobierno de San Miguel de Allende; dos, contra la administración de Cuerámaro y dos, para el gobierno de San Luis de la Paz.

El resto de las recomendaciones fueron contra los gobiernos de Celaya, Huanímaro, para el Sistema de Agua de Silao, para la Procuraduría General de Justicia del Estado y para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El caso más grave, fue el de la periodista de Silao, Karla Silva Guerrero, quien fue brutalmente golpeada por orden del alcalde priísta (2012-2015), Enrique Benjamín Solís Arzola, actualmente sujeto a proceso penal.

“¡Bájale de huevos a tus pinches notas o te va cargar la chingada!”, fue la amenaza que recibió la reportera, el 4 de septiembre del 2014, mientras era golpeada en el interior de la oficina de El Heraldo.

El siete marzo del 2017, el reportero de AM Express, Gilberto Navarro Basaldúa, viajaba en una motocicleta y fue embestido por el vehículo que conducía el funcionario del gobierno municipal de Guanajuato, Jorge Rodríguez Rocha.

“Atenta funcionario contra reportero”, denunció el periódico AM y reveló que una semana antes, Gilberto Navarro, escribió “una nota donde testigos aseguraron que el funcionario, Rodríguez Rocha, peleó con un comerciante y agredió verbalmente a señoras de la tercera edad”.

El 19 de abril, el director de Comunicación Social del gobierno panista de León, Ignacio Camacho Flores, solicitó a los directivos de la estación de radio La Poderosa que la periodista, Socorro Bernal no entrevistará en vivo al alcalde, Héctor López Santillana, porque podía hacer preguntas incomodas.

La reportera publicó una foto con una cinta que decía “censura” y al fondo se ve el presidente cuando es entrevistado en la cabina de radio.
Aunque el 26 de abril, Ignacio Camacho fue despedido, el asunto es investigado por la PDHG y por la Contraloría.

El cinco de mayo de este año, el reportero de la Bandera de Uriangato, Alejandro Chávez fue amenazado de muerte por redes sociales y agredido por Miguel Ángel Alfaro Vallejo, asesor del presidente municipal de Yuriría por el PVEM, Gerardo Gaviña González.

En el estado de Guanajuato existe una cifra negra de agresiones contra comunicadores, se estima que por cada denuncia existen nueve casos no reportados, informó el catedrático y defensor de derechos humanos, Raymundo Sandoval Bautista.

En el año 2015, la PDHG recibió siete quejas y en 2016, 10; pero la organización internacional Artículo 19 documentó 13 agresiones, en 2015 y 12, en 2016, reveló el activista.
Protección Periodistas.

El cinco de junio del 2014, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, la coordinadora de los diputados del PRD, Guadalupe Torres Rea, presentó ante el Congreso la primera iniciativa de Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Después de la golpiza que recibió Karla Silva, periodistas del estado realizaron manifestaciones y exigieron la aprobación de la Ley. En ese entonces, el gobernador, Miguel Márquez Márquez, afirmó que no era necesaria la norma.

En la legislatura pasada (2012-2015), fueron organizadas mesas de trabajo con periodistas y activistas para “nutrir” la iniciativa. Las propuestas no fueron tomadas en cuenta y la iniciativa fue desechada en la actual legislatura (2015-2018).

El año pasado, los coordinadores de los diputados del PAN, Éctor Jaime Ramírez Bárba y del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, presentaron una iniciativa que no contempla la creación de un mecanismo estatal de protección. Proponen que la Secretaría de Gobierno sea una “ventanilla de trámite” para el mecanismo federal.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Irma Leticia González Sánchez, ingresó una iniciativa que si crea un mecanismo estatal y que contempla la remoción de funcionarios investigados por violar la libertad de expresión.

Los diputados organizaron dos foros de consulta, pero no se han puesto de acuerdo sobre la iniciativa que será dictaminada y posteriormente aprobada.

En los foros, los comunicadores solicitaron que el atentado a la libertad de expresión sea tipificado como un delito y que sea incluido como una falta en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. También pidieron que sea derogado el delito de difamación.

Las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada priísta, Irma Leticia Sánchez y la legisladora panista, Sagrario Villegas; así como el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa, prometieron que en este periodo de sesiones será aprobada la norma.

“No se ha dictaminado porque se ha estado analizando con todos los partidos para que realmente salga una ley bien consensada y que estén vertidas todas las opiniones que nos hicieron llegar los periodistas en los foros. No es falta de voluntad”, declaró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, donde son analizadas las dos iniciativas.

El Poder Legislativo tiene el interés de que la Ley incluya las propuestas de los periodistas, “espero que saquemos una iniciativa en común”, señaló Isidoro Basaldúa.

“Hay voluntad de sacar esta iniciativa en este periodo, nosotros ya estamos con la urgencia de que salga la iniciativa”, afirmó Sagrario Villegas.

El dos de abril de este año, periodistas, activistas y ciudadanos realizaron una protesta, en las escalinatas del Teatro Juárez, para exigir justicia por los comunicadores asesinados y para que el Congreso de Guanajuato apruebe la Ley de Protección.

“Los diputados tienen una gran falta de voluntad política para que exista un mecanismo estatal de protección”, comentó la corresponsal de Proceso, Verónica Espinoza.

Lamentó que en Guanajuato vayan a la alza las agresiones contra periodistas y los diputados quieren legislar el tema de manera “muy acotada”.

“El Congreso ha hecho un trabajo negligente, piensan que estamos jugando, hay una ausencia de una ley que nos proteja”, consideró la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

Si el Poder Legislativo aprueba una ley de vanguardia, con una política pública que garantice el libre ejercicio del periodismo y el trabajo de los defensores, habrá valido la pena la espera, señaló.

Pero la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas será rechazada sino cuenta con las aportaciones realizadas por los comunicadores y activistas, advirtió.