Carlos García/Guanajuato, Gto.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen de la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la cual contempla la creación de un mecanismo estatal de protección, así como la elaboración de protocolos  de seguridad y de un atlas de riego.

El jueves 25 de mayo, la iniciativa será turnada ante el  pleno del Poder Legislativo, para su análisis y aprobación. Los legisladores no tomaron en cuenta las observaciones hechas al documento, en una reunión realizada la semana pasada con diputados del PAN y del PRD.

En el artículo 23, sobre las agresiones, los periodistas pidieron que en la fracción IV, se incluyera como agresión el bloqueo informativo, las amenazas y el uso del presupuesto de difusión para tratar de modificar líneas editoriales.

“Es una agresión que- se violente el derecho humano de libertad de expresión a través de una acción u omisión de censura o represión”, marca la fracción IV.

En el artículo 7, sobre los deberes de los periodistas, se propuso eliminar la fracción V, que señala que los comunicadores deberán de “abstenerse de publicar y difundir imágenes, videos, audios o textos que atenten contra la dignidad y los derechos de las personas y sus familias”.

En este punto, se cuestionó el tema de la dignidad, porque un funcionario puede sentirse agraviado en su dignidad con información verídica que exhiba actos de corrupción, argumentaron los comunicadores, como un ejemplo.

Como parte de las propuestas, está que el atentado a la libertad de expresión sea un delito o un agravante, contemplado en el Código Penal.

Los periodistas exhortaron a los diputados a incluir en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el atentado a la libertad de expresión. Otra propuesta fue que sean suspendidos temporalmente los funcionarios que sean investigados por coartar la libertad de expresión o por agredir a un periodista.

La iniciativa contempla la creación de un Consejo Estatal de Protección, integrado por seis funcionarios, dos periodistas y dos defensores de derechos humanos.

Entre sus funciones será realizar informes sobre las agresiones contra libertad de expresión y en materia de seguridad de los periodistas,  proponer e impulsar políticas públicas, elaborar  protocolos de seguridad y autoprotección, entre otras.

La Secretaría de Gobierno (SG) recibirá las solicitudes de protección, ejecutará las medidas, hará un monitoreo sobre las agresiones, identificará patrones de agresiones, elaborar un atlas de riesgo y presentará denuncias ante las instancias competentes –Ministerio Público, Derechos Humanos o Contralorías-, entre otras.

La norma tiene un apartado de cláusula de conciencia,  que prohíbe que las empresas sancionen a los reporteros cuando se nieguen firmar notas  que haya sido modificadas sustancialmente en su contenido o que agreguen nuevas ideas o supriman información de forma deliberada.

La iniciativa contempla la creación de un Registro Estatal de periodistas y defensores que “funcionará como una herramienta de información para la planeación y evaluación de las medidas”. No es obligatorio inscribirse en el Registro para ser beneficiario de las medidas y los datos serán clasificados como confidenciales.