Ma. Pilar Esquivel Arrona/Irapuato, Gto.- El Congreso del Estado analiza cambios a la Ley de Fiscalización para eliminar los principios de posterioridad y de anualidad para auditar con mayor inmediatez los recursos públicos.

El diputado Alfonso Ruiz Chico informó que los legisladores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso analizaron la Ley de Fiscalización y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos con el objeto de dar mayor transparencia y exigencia de la fiscalización de los recursos públicos.

 Entre las propuestas derivadas del análisis de la legislación se encuentra el uso de nuevas tecnologías para que las cuentas públicas puedan subirse a una plataforma y que una vez que sean aprobadas por el Congreso del Estado en ese momento se pueda revisar y tener información.

 Añadió Ruiz Chico que se pretenden cambiar los plazos para agilizar la revisión de la cuenta y de esta forma en lugar de recibir las cuentas municipales cada mes, será cada tres meses y de seis meses para la cuenta estatal

 “Creemos que esta ley es de vanguardia pues se podrán tener en un tiempo más concreto, rápido y eficiente los procesos de fiscalización”, precisó.

 La nueva ley de Fiscalización, contempla las auditorías en base al desempeño de resultados, lo cual espera se traduzca en mayor transparencia de los recursos y eficiencia en el desempeño de los servidores públicos.

 Por otra parte, explicó el legislador, en la reforma a la Constitución del Estado de Guanajuato  se plantea el cambio de denominación de Órgano de Fiscalización Superior al de Auditoria Superior del Estado y la presentación anual de la cuenta pública, para todos los sujetos de fiscalización.

 Así como  la presentación trimestral de informe de avance de gestión y practicar auditorias contemporáneas y al desempeño.

 Finalmente, Ruiz Chico refirió que con las reformas a la Ley de Fiscalización se busca hacer público el Programa General de Auditoria, la presentación de cuenta pública e informes trimestrales por medios electrónicos y las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, como la multa, auxilio de la fuerza pública y  denuncia de responsabilidad administrativa a que se haga acreedor la instancia que incumpla.