Kuali/Guanajuato, Gto.- En sesión de la Comisión de Justicia  del Congreso del Estado se analizaron dos iniciativas de reforma al Código Penal: una en materia de defensa legítima y otra en el tema de cobranza ilegítima.

La primera iniciativa fue presentada por el diputado Santiago García López del Grupo Parlamentario del PRI y contempla la exclusión de la responsabilidad penal por legítima defensa.

En este tema, el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Valadez Reyes, se manifestó a favor de la propuesta toda vez que responde al incremento de las condiciones de inseguridad en el estado y a la necesidad de protección de las familias guanajuatenses y sus bienes.

El magistrado propuso complementar la iniciativa, a fin de que se considere como una agresión la intrusión ilegítima a un domicilio o casa habitación. En este caso, quedarían justificadas las acciones de defensa, aun si no se presentara una agresión manifiesta o inminente.

Asimismo, se tomarían en consideración las circunstancias personales y objetivas de cada uno de los casos. Este último punto, en respuesta a la sugerencia para delimitar el tema respecto a la conducta excesiva que se pudiera presentar por parte del propietario de la casa habitación en defensa de sus bienes.

Por otro lado, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo planteó la posibilidad de contemplar la legítima defensa en los casos de robos a negocios. No obstante, se acordó acotar el tema solamente a la intrusión ilegítima en casa habitación.

Por su parte, el diputado Santiago García López, reconoció las aportaciones de los participantes para enriquecer la propuesta y dotarla de viabilidad.

A continuación, se sometió a análisis la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PAN con el objetivo de sancionar la cobranza ilegítima.

En este punto, los participantes en la mesa coincidieron en la importancia de regular el ejercicio de cobranza, así como en la necesidad de clarificar los aspectos que se entenderían como mecanismos de cobranza ilegítima, tales como las amenazas, la intimidación, la utilización de documentos falsos, etc.

Asimismo, se habló de la determinación de la pena y la multa por estos actos; la definición de terceras personas que pudieran resultar afectadas, como familiares o avalistas; y de la posibilidad de regularlo a través del Código Penal, toda vez que ciertos aspectos de la propuesta ya se encuentran contemplados en otros ordenamientos.

La diputada presidenta de la Comisión Arcelia González, expresó que se ahondaría en el análisis de este tema en una próxima mesa de trabajo.

En otro punto del orden del día, se radicaron y se acordó la metodología de análisis de las siguientes iniciativas:

- De adición al Código Penal presentada por la diputada Luz Elena Govea López, a fin de considerar a la alienación parental como violencia familiar.

- De reforma al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles formulada por el Grupo Parlamentario del PAN, a efecto de a fin de eliminar la facultad que hasta hoy tiene el juez de Partido de lo Civil para conceder la dispensa de edad a los menores de edad que tengan más de los 16 años cumplidos.

- De derogación del artículo 219 del Código Penal, que planteada por la diputada Arcelia González Gonzales del GPPRI, con los que se busca eliminar la figura de incesto equiparado.

- De adición al Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN con el objetivo de tipificar el delito contra la libertad de expresión.

En la Comisión participaron las diputadas Arcelia María González González (presidenta), Beatriz Hernández Cruz, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y los diputados Jorge Eduardo de la Cruz Nieto y Juan José Álvarez Brunel. Además estuvo presente el diputado Santiago García López.

De igual manera, participaron en el análisis de las iniciativas el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes; el magistrado Federico Perez, del Poder Judicial del Estado; Manuel Hernández, de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Alejandro Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado; y Plinio Manuel Martínez, del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso.