SOLAPA CONTRALOR A SAPAL POR MUERTE DE TRABAJADORES

Carlos García/León, Gto.-  A más de cuatro meses de que cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) murieron intoxicados en la planta de tratamiento, la Contraloría del gobierno panista de León no ha definido si funcionarios del organismo tienen una responsabilidad administrativa por el accidente.

En la sesión Consejo Ciudadano de Contraloría Social, el titular de la Contraloría, Leopoldo Jiménez Soto, emitió un escueto informe sobre la investigación que realiza por el fallecimiento de los trabajadores, cuyas familias han denunciado que no tenían la capacitación, ni el equipo necesario para trabajar en el módulo de desbaste de la planta tratadora de aguas residuales.

El contralor aseguró que investigan cuales fueron las causas del accidente para determinar si existe una responsabilidad administrativa, pero al mismo tiempo afirmó que es la Fiscalía General del Estado (FGE) quien determinará que originó la muerte de los cinco empleados de SAPAL.

Agregó que tienen contacto con la FGE para saber el avance de los peritajes y “hasta lo que sabemos es un accidente industrial, debido a las condiciones de los químicos que ahí se manejan”.

A pesar de que los familiares de las víctimas han denunciado malos tratos e indemnizaciones injustas por parte de funcionarios de SAPAL, Leopoldo Jiménez resaltó que el Sistema de Agua Potable ofrece finiquitos “como si hubieran sido despedidos, con la máxima protección que puede dar SAPAL como patrón”.

El SAPAL no ha resuelto el caso porque hay familiares que “tienen pretensiones mayores en lo económico” y que han emprendido demandas civiles, señaló Leopoldo Jiménez, quien es simpatizante y colaborador electoral del Partido Acción Nacional (PAN).

La Contraloría apoya a las familias para que reciban los seguros de vida, para que el IMSS pague por el riesgo de trabajo y para “verificar que como víctimas no sean otra vez afectados los familiares”, dijo Jiménez Soto.

Después del breve informe, ningún integrante del Consejo Ciudadano cuestionó al contralor, ni expuso las denuncias y demandas de las familias de las víctimas.

La noche del 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera fallecieron intoxicados -con ácido sulfhídrico- en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Las víctimas trabajaban en instalaciones que están en malas condiciones, sin capacitación, ni equipo de protección, han denunciado los familiares.

A partir del 22 de septiembre, el SAPAL comenzó a operar la planta porque no renovó la concesión a ECOSYS III, a raíz de que la empresa reconoció que la planta tenía fallas por recibir “aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas”.

El equipo mecánico, eléctrico y de procesos de tratamiento fue dañado por basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, denunció ECOSYS en agosto del 2020.

El alcalde de León, Héctor López Santillana, y el presidente de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, se han negado a recibir a las familias, a quienes les ofrecen indemnizaciones entre 30 mil y 150 mil pesos, que corresponden a la parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional y a tres meses de salario, han recriminado las familias.

 

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