Carlos García/Guanajuato, Gto.- Ante la presunción de actos de corrupción, la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe revisar el programa Impulso para la Inclusión Digital, donde el gobierno del estado gastará 900 millones de pesos en cien mil computadoras, solicitó el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, en un punto de acuerdo presentado ante el pleno del Congreso.
La Secretaría de Finanzas lanzó una licitación que parece fue diseñada para beneficiar a la empresa Ditecma, que en la administración (2012-2018) del gobernador Miguel Márquez Márquez, obtuvo contratos por 750 millones de pesos por la venta de tabletas, refirió.
El legislador recordó que en noviembre del año pasado, la Secretaría de Finanzas anunció el proceso de licitación nacional para la adquisición de tabletas para el programa de Inclusión Digital del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN).
El trámite quedó olvidado casi durante un año y la licitación se emitió el 15 de septiembre del 2020 y el nueve de octubre se emitió el fallo a favor de la empresa intermediaria Ditecma, relató Márquez Albo.
“Dicha licitación contenía requisitos entre los que se encontraban 51 elementos técnicos, lo que establecía límites poco sensatos a la gran mayoría de productos que eran descartados por detalles mínimos. Esto último contraviene la Ley de Contrataciones Públicas del Estado, misma que señala que se debe definir la función que se busca y no dar especificaciones técnicas”, explicó.
Tal situación, genera una duda razonable sobre la transparencia y honestidad de la licitación porque parece que fue diseñada para beneficiar a Ditecma, acusó.
“La empresa seleccionada es intermediaría, comercializa productos manufacturados en China, no es una empresa productora directa”, sostuvo al momento de afirmar que eliminaron a empresas que si son productoras.
Ditecma tiene dos direcciones fiscales en la ciudad de León y en ninguna tiene emblemas, no se observan operaciones y los inmuebles no tienen capacidad para almacenar bienes, afirmó Raúl Márquez.
La empresa debe realizar dos entregas, la primera del 14 al 20 de enero del 2021 y la segunda del 26 de febrero al 19 de marzo del 2021, precisó.
“En esta licitación se van a adquirir 72 mil 803 computadoras portátiles básicas, 26 mil 347 intermedias y 850 equipos gama alta, los cuales serán entregados entre alumnos de primer semestre de bachilleratos, universidades y docentes”, enumeró.
El diputado refirió que llama la atención que el estado gaste casi mil millones de pesos, en este programa, al inicio del proceso electoral y que entregará los aparatos “en plena contienda electoral”.
Después de la exposición de motivos, el diputado ingresó su propuesta de punto de acuerdo para que la ASE practique “una auditoria específica al programa Impulso para la Inclusión Digital, que contemple una revisión sobre la planeación y ejecución del gasto, así como del diseño, operación, resultados e impacto del mismo. Lo anterior para los ejercicios correspondientes a 2018, 2019 y 2020, con la finalidad de identificar posibles actos de corrupción o falta de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la planeación y ejecución del gasto público”.
La propuesta será analizada en la Comisión de Hacienda y Fiscalización.