Milagros Tadeo/León, Gto.- El presidente del Colegio Estatal de Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, urgió revisar los protocolos de actuación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), a efecto de evitar se registren más casos de abuso de autoridad, como el que ocurrió con el migrante abatido en San Miguel de Allende, donde los oficiales no solicitaron atención médica.
Al expresar que el estado deberá de aceptar las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) por el caso del joven migrante, Leonardo Reyes Cayente, el representante de los abogados, dijo que tal resolución es vinculante para la Secretaría de Seguridad Pública y para la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato.
"Yo creo que después de los estudios que hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Fiscalía, pues encontraron al final del día que sí hubo un exceso de fuerza con este joven migrante, que lo que se había dicho es verdad y que surgieron situaciones que no debieron de haber pasado", externó.
"Quisiera que esté tipo de cosas sean excepcionales y no ocurran (…) Lo que se tiene que esperar es un cumplimiento y que se cumplan los productos y las formas en como actúe la autoridad por el bien de los guanajuatenses", enfatizó.
Destacó que este caso es, una llamada de atención para que no impere la impunidad y que se deje muestra de que los policías deben de respetar los derechos de los ciudadanos, para que no vuelva a ocurrir un acto de esta naturaleza.
Las recomendaciones
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió 10 recomendaciones al secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Apendinni y al fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, por el abatimiento de un migrante, a manos de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes presuntamente se defendieron cuando fueron agredidos a balazos.
Los elementos que participaron en el operativo, donde murió Leonardo Reyes Cayente de 23 años, “fueron omisos en aplicar las directrices complementarias de los principios básicos como solicitar la presencia de cuerpos de auxilio para procurar atención médica a quien resultara con lesiones producto del empleo de la fuerza”, determinó la PDHG al resolver el expediente de queja 83/18-D.
El 13 de diciembre del 2018, en el municipio de San Miguel de Allende, Leonardo Reyes murió cuando elementos de las FSPE dispararon contra él y un grupo de personas, que presuntamente los atacaron con armas de fuego.
El organismo emitió siete recomendaciones a Álvar Cabeza de Vaca para que inicie un procedimiento administrativo contra los oficiales José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo.
El funcionario debe dotar de atención sicológica a la familia de Reyes Cayente, otorgar garantías efectivas de no repetición, implementar un curso sobre el empleo de la fuerza, debe anexar la investigación de Derechos Humanos al expediente de los policías, designar a un funcionario que de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y colaborar con la integración de la carpeta de investigación 129198/2018 por la muerte del migrante.
Para el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, se emitieron tres recomendaciones, entre ellas iniciar un proceso administrativo contra Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en San Miguel de Allende, porque no garantizaron los derechos de condición de víctimas a Ma. Guadalupe Reyes Moreno, María Remedios Sánchez Sánchez y José Renato Cayente Moreno, familiares del joven migrante.
“Instruya a quien corresponda a efecto de que se continúe con la práctica de diligencias de investigación inicial que sean legal y materialmente necesarias dentro de la carpeta de investigación 129198/2018”, solicitó la PDHG.
A demás el fiscal debe entregar las pertenencias de Leonardo Reyes a su familia.
Para el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, se emitió un acuerdo de vista para reparar los daños ocasionados a la familia del joven migrante y estas deben incluir “medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición, con motivo de las irregularidades en que incurrieron los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado”.