Carlos García/León, Gto.- Habrá violaciones a derechos humanos, si el Congreso aprueba las iniciativas para que yonkes y casas de empeño tomen huellas dactilares y de iris a sus clientes, alertó el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, quien pidió al ombudsman, Raúl Montero de Alba, que emita una postura sobre el tema.
El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, envió al Poder Legislativo una iniciativa para reformar Ley que Regula las Bases para el Establecimiento de las Casas de Empeño y la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la compra-venta de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, para que los dueños tengan dispositivos biométricos en sus negocios.
Las personas que quieran vender o empeñar un artículo tendrán que dar su consentimiento para que el establecimiento tome sus huellas y registre su iris. La Fiscalía General del Estado (FGE) tendría acceso a esta base de datos.
El diputado de Morena comentó que además de generarse violaciones a derechos humanos, también ve la gestación de un gran negocio con la venta del software y de los aparatos que registraran las huellas y el iris de los vendedores.
“Quién va vender eso, yo soy muy mal pensado”, externó.
Quién tendrá el control de los datos de los ciudadanos y quién garantizará el uso que se dará a la información que obtengan los dueños de yonkes y casas de empeño, cuestionó el legislador.
Agregó que el gobierno no puede obligar a un ciudadano a que registre la identidad de otro ciudadano para que se pueda realizar un proceso de compra-venta o el empeño de un artículo.
Es muy delicado que el gobierno del estado quiera criminalizar a todos los ciudadanos que vendan o empeñen un artículo, consideró.
Las iniciativas del gobernador son analizadas en comisiones del Congreso y es el momento adecuado para que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHG) se pronuncie, señaló Raúl Márquez.
En febrero cuando se enviaron las iniciativas al Congreso, el gobernador explicó que la información obtenida en los aparatos biométricos será transferida a la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía podrá hacer un cotejo de los datos biométricos con la base de datos criminológicos, “como parte de las medidas de seguridad pública para constatar la legal procedencia de los bienes que se comercializan en esos establecimientos”, explicó Rodríguez Vallejo.
La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración será la facultada para supervisar el uso de los aparatos biométricos y el cumplimiento de la ley, señaló en esa ocasión.