PROPONEN AUMENTAR PENAS POR DELITOS DERIVADOS DEL HUACHICOL

Kuali/Ciudad de México.-Ante los graves riesgos derivados de incendios y explosiones por la ordeña ilícita de ductos de combustible, la diputada federal guanajuatense, Beatriz Manrique Guevara, propuso aumentar penas a quien provoque daño al ambiente, a la vida y a la integridad de las personas.

Hoy en Tribuna, Beatriz Manrique refirió cifras en donde se evidencia que miles de personas han estado expuestas a graves riesgos derivados de incendios y explosiones por el robo de combustible.

“Entre 2012 y 2015 se registraron 2,008 tomas clandestinas con derrames de productos, algunos de los cuales ocasionaron desastres fatales […] éste ilícito ha incrementado la fuerza de su impacto en aspectos económicos, medioambientales y de forma exponencial en el tema de la violencia”, refirió.

Durante la presentación de su propuesta, informó que Puebla sigue liderando en número de tomas clandestinas con 871, seguido por Hidalgo con 606, Guanajuato con 563 y Veracruz con 551 tomas.

“El robo de combustible en nuestro país es muy grave y se requieren penas más severas que contribuyan a inhibir la comisión de conductas que ponen en riesgo no sólo a la economía, sino también al medio ambiente, así como a la seguridad y a la vida de la población”, dijo.

Lamentó que han existido casos que llamaron la atención nacional como el del pasado 12 de septiembre, donde una fuga de gas causada por una toma clandestina en Puebla obligó al desalojo de más de 1,200 familias en siete colonias y un hospital.

También mencionó que, en León, Guanajuato, el 21 de septiembre de 2017, un trabajador que se dedicaba a repartir pan, resultó quemado y murió debido a la explosión e incendio de un ducto de PEMEX, consecuencia de una toma clandestina.

Mientras que el 22 de octubre de 2012, una fuga de gas en Tepeji del Río, Hidalgo, provocó la evacuación de aproximadamente 2,000 personas.

La legisladora repudió, además, que este delito está contaminando cientos de hectáreas, encabezadas por Guanajuato con 153.7, seguido de Tabasco con 53.43 hectáreas y Puebla con 24.72.

“Se requieren modificaciones legales, pero sobre todo se trata de poner un alto a la impunidad, pues esa es la verdadera razón por la cual el problema sigue creciendo y literalmente nos ha explotado en las manos”, concluyó.

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