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CASTIGARÁN HASTA CON 35 AÑOS DE CÁRCEL ASESINATOS DE PERIODISTAS

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Carlos García/Guanajuato, Gto.-El Congreso del Estado aprobó castigar hasta con 35 años de prisión el homicidio de un periodista y castigar hasta con cuatro años de prisión el atentado contra libertad de expresión. En la sesión también fue avalada la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Por unanimidad, los diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y del diputado independiente, Alejandro Landeros, fueron aprobadas reformas al Código Penal  y la Ley de Protección a Periodistas, presentada hace tres años y medio.

Los legisladores reformaron e hicieron adiciones al artículo 153 del Código Penal para establecer que son homicidio y lesiones calificados cuando “se cometan en agravio de periodistas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, si tuvieren como finalizar obstaculizar o impedir el ejercicio de libertad de expresión o en razón del desempeño de su profesión”.

El artículo 140  establece que el homicidio calificado será castigado de 25 a 35 años de prisión y de 250 a 350 días de multa.

Los diputados crearon el delito contra la libre expresión, donde el artículo 240-d establece que será castigado de nueve meses a cuatro años de prisión y de 200 a 300 días de multa a quien “utilizando la violencia evite se ejerza la actividad periodística y obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión”.

El Poder Legislativo aprobó la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que tiene como fin prevenir las agresiones e injerencias arbitrarias contra el ejercicio periodístico, la protección de reporteros y activistas para que puedan ejercer su actividad en un ambiente seguro, libre de ataques y de hostigamiento.

El artículo 14 de la norma establece  que el Consejo Estatal es el órgano que deberá emprender las acciones y promover las políticas públicas que garanticen los derechos y medidas protección a favor de los periodistas. El organismo estará integrado por seis funcionarios, tres periodistas y tres defensores de derechos humanos.

La Ley señala que habrá una Secretaría Técnica que recibirá los casos de agresiones,  tramitará las solicitudes de protección y dará seguimiento a la implementación de las medidas para recomendar la continuidad, la adecuación o su conclusión.

Las agresiones contra los defensores y periodistas se configuran cuando por acción u omisión sea dañada su integridad física, sicológica, moral patrimonial o económica, señala el artículo 20.

Cuando se ponga en peligro la integridad física del cónyuge, de los ascendientes o descendientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, así como con los dependientes o personas que tenga o hayan tenido una relación y convivencia.

También cuando sean destruidos o dañados  bienes, cuando se violente la libertad de expresión a través de una acción, omisión, censura o represión.

El artículo 26 establece que son medidas urgentes de protección la seguridad personal con cuerpos especializados, la evacuación y reubicación de domicilio, la protección de inmuebles y todas aquellas que se necesiten para salvaguardar la vida, integridad, patrimonio y libertad de los beneficiarios.

“El titular del Poder Ejecutivo deberá asignar de manera progresiva recurso presupuestal necesario para garantizar la implementación de las medidas y los fines de esta ley”, refiere el artículo 33.

 

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